Según las últimas estimaciones de Bruselas, la cantidad que deben recuperar las autoridades vascas es de algo más de 500 millones de euros. Las ayudas, que ya están derogadas, consistían en una exención del impuesto de sociedades durante diez años a favor de empresas de reciente creación. Estos beneficios fiscales no se notificaron a Bruselas.

En 1993, el entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, acordó con las diputaciones forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa unos incentivos consistentes en eximir del Impuesto de Sociedades durante diez años a las empresas que se trasladaban al país Vasco entre 1993 y 1994 y cumplían determinados requisitos. Meses más tarde Navarra aprobó exenciones fiscales semejantes. La medida se complementó tres años después con el llamado crédito fiscal, que permitía a las empresas recuperar a través del Impuesto de Sociedades el 45% de la inversión realizada y deducciones sucesivas del 99%, 75% y 25% de ese impuesto desde el primer año con beneficios.

Unas 300 empresas se beneficiaron de las medidas. La comunidad autónoma de La Rioja y la Administración Central denunciaron las vacaciones fiscales ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco porque fomentaba la fuga de empresas desde otras regiones a esa comunidad. La denuncia llegó hasta Bruselas y más tarde al Tribunal Superior de Justicia de la UE que exige que las empresas devuelvan las ayudas.