La Defensora del Pueblo Europeo Emily O'Reilly, ha dicho a la Comisión Europea que deje de retrasar la apertura de procedimiento de infracción contra España en relación con supuestas ventajas fiscales injustas para algunos clubes de fútbol españoles.

Esto sigue a una demanda de los inversores de otros clubes de fútbol europeos que alegan que la falta de acción de la Comisión en este caso podría estar relacionado con el hecho de que el Comisario soporta uno de los equipos en cuestión y era ministro en el gobierno español que decidió las ventajas fiscales.

Después de haber recibido la recomendación del Defensor del Pueblo el 16 de diciembre de 2013, el Jefe de Gabinete del Comisario anunció que la decisión de abrir una investigación formal contra España, figura en la agenda del Colegio de Comisarios para el 18 de diciembre 2013 .

Emily O'Reilly ha dicho que «La Comisión ha tardado cuatro años en actuar ante la denuncia y eso no sólo es una mala administración, sino que la opinión pública puede verlo como un conflicto de intereses dado los fuertes vínculos del comisario con uno de. los clubes de fútbol en cuestión. En mi investigación, no he mirado en el fondo de los alegatos relativos al incumplimiento de las normas sobre ayudas estatales. Tengo confianza, sin embargo, en que la Comisión tomará la decisión de abrir una investigación pronto con el fin de investigar los hechos y disipar cualquier sospecha».

Las ventajas fiscales ascienden a varios miles de millones de euros

El demandante representa a inversionistas en varios clubes de fútbol europeos. En 2009, se quejó a la Comisión de que España estaba infringiendo las normas sobre ayudas estatales de la UE mediante la concesión de ventajas fiscales injustas a cuatro clubes de fútbol españoles. Según el denunciante, estas ventajas ascienden a varios miles de millones de euros. También señalaba que España concede estas ventajas fiscales, incluso, mientras pide cientos de miles de millones de euros de los contribuyentes de la zona euro.

La Comisión normalmente tiene 12 meses para decidir sobre la apertura de un procedimiento de infracción. En este caso, han pasado más de cuatro años sin ningún tipo de decisión. En septiembre de 2013, la Comisión aceptó la propuesta del Defensor del Pueblo de llegar a una solución amistosa, pero tampoco actuó ni dio razones convincentes de por qué no había tomado ninguna decisión.

La recomendación de la Defensora del Pueblo se puede leer aquí