Además, se trata de una sanción que parte de una interpretación extremadamente forzada, que vulnera el principio de legalidad, al no estar prevista la prohibición de los hechos imputados a Vidal en el estatuto disciplinario de los jueces. Por ello, el único fundamento de dicha suspensión de funciones es actuar contra el discrepante, desde una perspectiva impropia de la pluralidad inherente a nuestro sistema democrático.
Hay que recordar que no se acusa a Vidal de haber vulnerado la Constitución en ninguna de las miles de sentencias que ha dictado a lo largo de su carrera profesional. Se le sanciona por realizar un análisis jurídico que está en desacuerdo con el actual modelo territorial de nuestro país y con el presente marco constitucional. Pero la Constitución también ampara a quien discrepa de la misma y establece los mecanismos para su posible reforma. Pretender silenciar con sanciones a quien no comparte el actual marco constitucional supone ignorar los beneficios de un debate abierto sobre todos estos problemas y apostar por una Carta Magna petrificada que resulta incompatible con los propios principios constitucionales.
Consideramos preocupante que por primera vez se haya impuesto a un magistrado una suspensión de tres años por razones meramente ideológicas, por hechos realizados al margen de la actividad jurisdiccional. Una muestra clara del carácter escasamente jurídico de esta decisión es la división del propio CGPJ, que ha acordado la sanción por 12 votos a favor y 9 en contra, lo cual tampoco había sucedido anteriormente en actuaciones disciplinarias de esta gravedad.
Desde Jueces para la Democracia nunca hemos apoyado las posiciones independentistas de Santiago Vidal. Pero consideramos que resulta legítimo que las mismas se puedan defender en una sociedad democrática, así como que se puedan realizar aportaciones jurídicas que permitan un debate amplio sobre todas estas cuestiones. Con decisiones de esta naturaleza, el CGPJ confirma una vez más su nula credibilidad como institución encarga de velar por la independencia judicial y vuelve a mostrarse como un órgano al servicio del poder político. Además, la sanción supone un retroceso a los peores tiempos de intolerancia institucional hacia las opiniones ajenas.
