La situación de los derechos humanos es «regresiva» en Asia y el Pacífico, la región donde habitan dos terceras partes de la población del planeta, denunció Amnistía Internacional en su principal informe anual.

En el informe titulado La situación de los derechos humanos en el mundo, publicado el miércoles 25, Amnistía destaca, entre otros problemas de la región, los malos antecedentes en materia de libertad de expresión, el aumento de la violencia contra las minorías étnicas y religiosas, y la represión estatal contra activistas y organizaciones de la sociedad civil.

La presencia de grupos armados y conflictos permanentes en países como Pakistán, especialmente en su cinturón tribal del norte, conocido como las Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA, en inglés), así como en Birmania y Tailandia, son un obstáculo importante para la vida cotidiana de millones de personas.

Gran parte de la extensa población de la región está constantemente en movimiento. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calcula la existencia de 3,5 millones de refugiados, de los cuales 1,9 millones son desplazados dentro de su país y 1,4 millones son considerados apátridas, en su mayoría oriundos de Afganistán y Birmania.

Acnur ha documentado los problemas que padecen estas personas sin hogar, y a veces sin Estado, en la región de Asia y el Pacífico, como la violencia sexual contra las mujeres y las niñas y la falta de acceso a los mercados formales de trabajo que conduce a miles a la explotación laboral informal, en situación de servidumbre o de otro tipo.

La intolerancia hacia las minorías religiosas sigue siendo un tema espinoso en varios países. Las leyes contra la blasfemia en Pakistán facilitan la persecución de musulmanes chiíes, ahmadíes y cristianos, mientras que grupos budistas nacionalistas radicales en Birmania y Sri Lanka operan con impunidad, lo que permite ataques, a veces letales, contra las comunidades musulmanas.

Mientras tanto, los tibetanos en China sufren un puño de hierro contra su derecho a la libertad de reunión, de expresión y de asociación política. Aproximadamente 130 personas se han prendido fuego desde 2009 en protesta por el autoritarismo del gobierno chino en el Tíbet.

Un pronóstico sombrío para las mujeres y las niñas

A pesar de todos los convenios ratificados y los millones de manifestantes en las calles, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue sin control en Asia y el Pacífico, según el informe de Amnistía.

Cerca del 75 por ciento de las mujeres y niñas del estado insular de Papúa Nueva Guinea, con una población de siete millones de personas, sufren algún tipo de violencia de género, en gran parte debido a la arraigada práctica de persecución femenina por presuntos actos de «brujería» en un país predominantemente rural.

En los primeros seis meses de 2014, la independiente Comisión de Derechos Humanos de Afganistán registró 4.154 casos de violencia contra las mujeres, indica Amnistía, mientras que la Oficina Nacional de Registros Penales de India reporta un promedio de 24.923 violaciones por año. Un estudio de ONU Mujeres en 2013, que abarcó a 10.000 hombres en Asia y el Pacífico, concluía que casi la mitad de los encuestados había admitido haber abusado física o sexualmente de su pareja.

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, el 40 por ciento de las niñas en el sur de Asia podrían contraer matrimonio antes de cumplir la mayoría de edad. La prevalencia más alta es en Bangladesh (66 por ciento), seguido por India (47 por ciento), Nepal (41 por ciento) y Afganistán (39 por ciento).

«En Asia oriental y el Pacífico, la prevalencia del matrimonio infantil es del 18 por ciento, dado que 9,2 millones de mujeres entre 20 y 24 años se casaron siendo niñas en 2010», según el organismo.

La responsabilidad del Estado

El informe de Amnistía presenta una serie de respuestas gubernamentales al activismo, como en China, donde el activista Cao Shunli murió en un hospital a principios de 2014 después de que se le negara el tratamiento médico adecuado.

En Corea del Norte, «al parecer no existen organizaciones de la sociedad civil, diarios o partidos políticos independientes [y] los norcoreanos son pasibles de ser investigados por las autoridades, y pueden ser castigados por leer, mirar o escuchar materiales de medios extranjeros», añade.

La imposición de la ley marcial en Tailandia provocó la detención de varios activistas y la prohibición de toda reunión de más de cinco personas, mientras que la reintroducción de la «ley de la época colonial contra la sedición» en Malasia permitió la represión gubernamental contra los disidentes, según Amnistía.

Birmania y Sri Lanka aplican una política de tolerancia cero a las protestas organizadas, y activistas de todas las tendencias son detenidos, amenazados, atacados o encarcelados. En toda la región los medios de comunicación tuvieron un mal año en 2014, con más de 200 periodistas encarcelados y al menos 12 asesinados, denuncia el Comité para la Protección de los Periodistas.

El informe de Amnistía también concluye que la tortura y otras formas de maltrato son una realidad permanente en la región, como sucede en China, Corea del Norte, Filipinas y Sri Lanka. Un informe anterior de la organización, «La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas», encontró que 23 estados de Asia y el Pacífico aún la practican, tres décadas después de que la ONU adoptara la Convención contra la Tortura en 1984.

Ese informe encontró evidencia de tortura y malos tratos que abarcan a «los brutales campos de trabajo de Corea del Norte, los centros de procesamiento en alta mar de Australia para los solicitantes de asilo o los corredores de la muerte de Japón, donde se mantiene a los prisioneros en aislamiento, a veces durante décadas».

En Pakistán se acusa a las fuerzas armadas, los organismos de inteligencia del Estado y la policía de recurrir a la tortura, mientras que los presos detenidos tanto por la policía como por los militares en Tailandia aseguran haber sido torturados y maltratados durante su detención.

En ese sentido, la pena de muerte vigente en varios países de la región demuestra una grave violación de los derechos humanos en el nivel más básico.

Amnistía informa de que 500 personas corren riesgo de ejecución en Pakistán, mientras que China, Japón y Vietnam también aplican la pena capital.