Parecía que la UE había cerrado el negro capítulo de las especulaciones con la deuda soberana de sus socios, pero los mercados han dado la respuesta en la primera oportunidad que han tenido. Y ha sido un decidido suspenso a los líderes europeos. No sólo las bolsas han demostrado la poca confianza en lo acordado en la cumbre de Bruselas, también la prima de riesgo de los países con más dificultades se ha vuelto a disparar, especialmente la española y la italiana.
Una vez más, las agencias de calificación de riesgos han dado la pista a los inversores. Antes de que abrieran los mercados, Moody's advertía de que los acuerdos adoptados por los 27 no servirán para estabilizar la eurozona y, por tanto, se reserva la posibilidad de modificar la calificación de la eurozona el próximo trimestre.
La agencia Fitch considera que el Consejo Europeo no ha dado una solución integral a la crisis y advierte de que puede aumentar la presión sobre las deudas soberanas de los Estados y, por tanto, cambiar sus notas de riesgo.
Por si se ponen en duda las perspectivas de las agencias, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) lanza otra advertencia sobre las dificultades de financiación de los gobiernos europeos durante 2012, especialmente por la incertidumbre generada en la eurozona.
Acuerdos políticos en un laberinto jurídico
Los responsables comunitarios insisten en la bondad de las medidas adoptadas y confían en que haya resultados a corto plazo. «Si somos capaces de obtener una implementación rápida de lo que se decidió, veremos mayor tranquilidad en los mercados de deuda en las próximas semanas», ha dicho la vicepresidenta económica española en funciones, Elena Salgado.
La cuestión es que detrás de los grandes titulares de la cumbre hay mucha letra pequeña por desentrañar, que puede dejar los acuerdos en otra declaración de intenciones sin resultados. La fórmula adoptada de acuerdo intergubernamental complica extraordinariamente la participación de la Comisión Europea a la hora de supervisar y sancionar a los Estados miembros sin el paraguas de un acuerdo estrictamente institucional y comunitario.
Además la autoexclusión de Reino Unido abre otros interrogantes sobre la toma de decisiones, cuando se busque la participación de toda la UE. En Irlanda se plantea la posibilidad de someter a referéndum el tratado, que ya está analizando la fiscal general del Estado y en Francia, el líder socialista, François Hollande, ya avisa de que pedirá una revisión si, como predicen las encuestas, es elegido presidente el próximo marzo.
Este martes, los líderes comunitarios, Barroso y Van Rompuy, explican en el Parlamento Europeo lo acordado en la cumbre y allí se van a encontrar con unos eurodiputados que quieren aclaraciones y participación en las decisiones. Los populares se muestran predispuestos a colaborar con el Consejo pero ya alertan sobre el papel de las instituciones europeas como «garantes de los intereses europeos». El socialista español, Juan Fernando López Aguilar, afirma que la UE se ha plegado al «dictado alemán» y pone en duda el encaje jurídico de lo pactado. El líder de los Verdes, Daniel Cohn-Bendit, afirma tajante que cualquier mecanismo que se salga del tratado de Lisboa y excluya a la Eurocámara «carecería de legitimidad democrática».
