La política hostil instaurada por el presidente Dwight Eisenhower (1953-1961), antes del nacimiento del actual mandatario, había sido la norma que aplicaron, con matices casi siempre secundarios, administraciones republicanas y demócratas y fue codificada con la Ley Helms-Burton, sancionada por Bill Clinton en 1996.
En los primeros años la practicaron con bastante éxito. En 1959, al triunfar la Revolución cubana, Estados Unidos estaba en el cenit de su poderío, ejercía indiscutida hegemonía sobre gran parte del mundo y especialmente en el Hemisferio Occidental, que le permitió lograr la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el aislamiento casi total de la isla que pudo contar solo con la ayuda de la Unión Soviética y sus asociados en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), que integraban los países del Pacto de Varsovia.
El derrumbe del llamado «socialismo real» creó en muchos la ilusión de que también llegaba el final para la revolución cubana. Imaginaron el advenimiento de un largo período de dominio unipolar. Embriagados con la victoria, no apreciaron el sentido profundo de lo que ocurría: el fin de la Guerra Fría abría nuevos espacios para las luchas sociales y colocaba al capitalismo frente a desafíos cada vez más difíciles de encarar.
La caída del muro de Berlín les impidió ver que, al mismo tiempo, en febrero de 1989, estremecía a Venezuela el levantamiento social llamado «el caracazo», señal indicadora del inicio de una nueva época en América Latina.
Cuba logró sobrevivir a la desaparición de sus antiguos aliados y su resistencia fue factor fundamental en la profunda transformación del continente. Hace años era ostensible el fracaso de una política empeñada en aislar a Cuba, pero que terminó aislando a Estados Unidos como reconoció su actual secretario de Estado, John Kerry.
Una nueva relación con Cuba era indispensable para Washington, necesitado de recomponer sus vínculos con un continente que ya no es más su patio trasero. Lograrlo es fundamental ahora pues, pese a su poderío, Estados Unidos no puede ejercer el cómodo liderazgo de tiempos que no volverán.
Falta aún mucho para alcanzar esa nueva relación. Ante todo es preciso eliminar completamente el bloqueo económico, comercial y financiero como reclaman con renovado vigor importantes sectores del empresariado estadounidense.
Pero normalizar relaciones supondría sobre todo aprender a vivir con lo diferente y abandonar viejos sueños de dominación. Significaría respetar la igualdad soberana de los estados, principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, que, como muestra la historia, no es del agrado de los poderosos.
Con respecto a la liberación de los cinco prisioneros cubanos, todos los presidentes de Estados Unidos, sin excepción, han utilizado ampliamente la facultad que a ellos exclusivamente otorga el Artículo II, Sección 2, Párrafo 1 de la Constitución. Así ha sido durante más de dos siglos sin que nada ni nadie pudiera limitarlos.
Ese párrafo constitucional faculta al presidente a suspender la ejecución de las sentencias y a conceder indultos, en casos de alegados delitos contra Estados Unidos.
En el caso de los cinco sobraban razones para la clemencia ejecutiva. En 2005 el panel de jueces de la Corte de Apelaciones anuló el proceso contra ellos –definiéndolo como «una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad»- y había ordenado un nuevo juicio. En 2009 el pleno de la misma Corte determinó que este caso no tenía relación alguna con el espionaje ni la seguridad nacional de Estados Unidos. Ambos veredictos fueron adoptados con total unanimidad.
Respecto al otro cargo importante, el de «conspiración para cometer asesinato» formulado solo contra Gerardo Hernández Nordelo, sus acusadores reconocieron que era imposible probar semejante calumnia e incluso intentaron retirarla en mayo de 2001 en una acción sin precedentes, tomada nada menos que por los fiscales del expresidente George W. Bush (2001-2009).
Hacía ya cinco años que Hernández esperaba alguna respuesta a sus repetidas peticiones a la Corte de Miami para que lo liberase, o accediese a revisar su caso, u ordenase al gobierno presentar las «pruebas» utilizadas para condenarlo o accediese a escucharlo a él o a que el gobierno revelase la magnitud y el alcance del financiamiento oficial a la descomunal campaña mediática que sustentó aquella «tormenta perfecta».
El tribunal nunca respondió. Nada dijeron tampoco los grandes medios de comunicación ante la inusual parálisis judicial. Era obvio que se trataba de un caso político y sólo podría resolverse con una decisión política. Nadie más que el presidente podría hacerlo.
Obama mostró sabiduría y determinación cuando, en vez de limitarse a usar el poder para excarcelar a cualquier persona, enfrentó valerosamente el problema de fondo. La saga de los cinco era consecuencia de una estrategia agresiva y lo más sabio era poner término a ambas al mismo tiempo.
Nadie puede desconocer la trascendencia de lo anunciado el 17 de diciembre. Sería erróneo, sin embargo, ignorar que aún queda un camino, que puede ser largo y tortuoso, en el que será necesario avanzar con firmeza y sabiduría.
