El continuo zumbido de aviones no tripulados basta para que los residentes de Waziristán del Norte, en Pakistán, habitualmente no quieran salir de sus casas. Sin embargo, últimamente han comenzado a aventurarse fuera de sus humildes viviendas de barro y piedra pese a la persistente amenaza aérea. El motivo: protestar contra los ataques de los «drones» (vehículos aéreos no tripulados) en esa devastada región de las pakistaníes Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), que se han convertido en semillero de rebeldes en la frontera con Afganistán y que, rápidamente, se vuelve la zona cero de la «guerra contra el terrorismo», lanzada por Estados Unidos.
Desde 2004, se han contabilizado 335 ataques con drones que han dejado más de 3.300 personas muertas y numerosas heridas, según una estimación conservadora de la Fundación New America, con sede en Estados Unidos. Mientras el gobierno estadounidense sostiene que los ataques con aviones no tripulados, capaces de lanzar una lluvia de misiles desde 10.000 pies de altura, están dirigidos a los combatientes rebeldes y a miembros de la red extremista Al Qaeda, los residentes de esa provincia montañosa denuncian que la población civil se lleva la peor parte.
Imad Ali, que vive toda la vida en Waziristán del Norte, ha perdido dos hijos en ataques de drones, que parecen incapaces de distinguir entre objetivos militares y civiles, y califica las ofensivas de «indiscriminadas e inaceptables». Alí, junto a otros residentes de esa zona, con 30.000 habitantes, participa en manifestaciones masivas convocadas por el partido opositor «Pakistan Tehreek Insaf» (PTI), encabezado por el famoso jugador de críquet Imran Jan, para reclamar el cese de ataques contra no combatientes. «Perdí a mi esposa y a mi hija mayor en ataques de drones en febrero», dice el maestro Mohammad Rafiq, de Waziristán del Sur. La oposición aumentará mientras sigan muriendo personas inocentes. «Pasamos noches sin dormir por la amenaza inminente de ataques de drones. La situación es especialmente difícil para los niños, que temen morir en cualquier momento», añade.
Hay mucha gente ocupada contando la cantidad de muertos, y las personas heridas suelen quedar relegadas a una nota a pie de página. Rasool Bacha quedó herido por una metralla durante uno de estos ataques, en enero, mientras dormía en su casa de Dattakhlel, una pequeña aldea en la frontera con Afganistán. «Luego, en el transcurso de aquella mañana, me enteré de que cuatros vecinos murieron en el ataque», recuerda Bacha en el hospital donde recibe fisioterapia tras la cirugía. «Todas las víctimas eran campesinos pobres, sin relación con la insurgencia», remarca. «No es cierto que los drones matan a los rebeldes armados, cuando llueven destruyen todo lo que está en su paso».
Todos los días, entre ocho y 12 aviones no tripulados sobrevuelan el espacio, explica y «los vemos con miedo, pese a que sabemos que la mayoría de los ataques ocurren al atardecer», apunta.
Los dirigentes políticos
La población local está más preocupada por la amenaza inmediata que los ataques con drones suponen para su vida cotidiana, pero los partidos políticos impulsan el malestar generalizado para poner en el centro del debate la idea de que esas operaciones constituyen una agresión a la soberanía nacional. Tras la última serie de ofensivas, en las que murió el subjefe del proscrito Tehreek Taliban Pakistan, Waliur Rehman, el 29 de mayo, en Waziristán del Norte, el primer ministro electo, Nawas Sharif, calificó el ataque de «violación al derecho internacional» y urgió a Estados Unidos «a respetar la soberanía de otros países».
El PTI, que encabeza el gobierno de coalición en la provincia de Jyber Pajtunjwa, tras triunfar en las elecciones generales del 11 de mayo, envió una resolución a la asamblea provincial que condena y reclama el cese inmediato de los ataques. Al igual que Sharif, el portavoz del PTI, Shaukat Ali Yusafzai, se apresura a señalar que su partido fue el primero en denunciar el tema, el 21 de mayo de 2011, tras un ataque contra un convoy de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que pasaba por Jyber Pajtunjwa rumbo a Afganistán. También señala que su partido organizó una manifestación en Waziristán, porque la población sufrió la peor parte de los ataques.
A medida que se acercaban las elecciones, otros partidos que se mostraron dispuestos a «explotar los sentimientos antiestadounidense y reunir apoyo electoral», también están en contra de estos bombardeos aéreos y de una operación pensada para limpiar las áreas fronterizas de combatientes rebeldes, según Mohammad Azim, exalcalde de Mardan, uno de los 25 distritos que conforman la atribulada provincia de Jyber Pajtunjwa.
Azim dice que la agrupación política Muttahida Majlis e-Amal, que reunió a varios partidos religiosos para obtener una amplia victoria en los comicios de 2003, gobernó en Jyber Pajtunjwa y la sudoriental provincia de Balochistán hasta la llegada del Talibán en 2008. En la actualidad, partidos como Jamaat Islam y Jamiat Ulemai Islam han tomado las riendas de la situación en representación de los civiles aterrorizados por los ataques de los drones, y prometen proteger a la población tribal de una ofensiva militar del gobierno.
El analista político Javid Hussain señala que ese tipo de operación militar, contra la que se levantan ahora los partidos, ocurre en las siete agencias de FATA desde 2005, y donde unas 300.000 personas, de las 5,8 millones que habitan la región, han perdido su vivienda. «Ninguno de los dirigentes políticos se ha preocupado por el tema hasta ahora», denuncia Hussain. El analista añade que solo les interesa el asunto en la medida en que esto les genere réditos electorales. A principios de junio, la Corte Suprema de Peshawar, capital de Jyber Pajtunjwa, declaró ilegales los ataques con drones y ha pedido al gobierno promover una resolución contra el uso de esos aviones en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala el politólogo Mohammad Arif, de la Universidad Abdul Wali Jan de Mardan.
El anuncio del tribunal es una respuesta a una petición presentada el año pasado por la Fundación para los Derechos Humanos, con sede en Islamabad, que representa a las familias de más de 50 personas muertas en marzo de 2011, cuando una lluvia de misiles cayeron sobre una reunión tribal, o jirga. «La Asamblea Nacional aprobó varias resoluciones calificando esos ataques de ilegales, y reclama que se les ponga fin, pero no cesan», señala Wali Jan.
Las poblaciones tribales recibieron un duro golpe cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó de forma categórica el 23 de mayo que continuarían las operaciones con drones contra «Al Qaeda y sus aliados», porque mataron a ciudadanos de su país.
