El impacto del cultivo de los biocombustibles en la humanidad se analiza en la investigación «Agrocombustibles: fogoneros del hambre. Cómo las políticas de Estados Unidos para el etanol de maíz aumentan el precio de los alimentos en México», que ha presentado la asociación no gubernamental ActionAid International.

«Hemos visto subidas de precio muy fuertes (de los alimentos) desde fines de 2000, luego se repitieron en 2007 y volvieron en 2010 y 2011», asegura Timothy Wise, director del Programa de Investigación y Política del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Universidad de Tufts. «Eso coincide con la expansión del etanol en Estados Unidos», indica Wise, coautor del informe. «Lo que se ve en México es el aumento del precio de la tortilla de maíz», el tradicional alimento de este país y cuyo precio se ha elevado en un 60 por ciento desde 2005, dice.

Wise y la también coautora Marie Brill, directora de políticas de ActionAid, aseguran que México ha perdido desde 2005 entre 250 millones y 500 millones de dólares por año al tener que importar el grano, debido a las altas cotizaciones internacionales. «La expansión de los agrocombustibles contribuye a la inseguridad alimentaria en México. Las alzas de precios asociadas al etanol afectan negativamente a los consumidores, especialmente a aquellos que carecen de seguridad alimentaria y no son productores», concluye el estudio de 24 páginas.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el año pasado se consumieron en ese país 53.302 millones de litros de etanol de maíz, para cuya elaboración se destinó el 40 por ciento de la cosecha del grano. En ese país, el mayor productor y exportador de maíz del mundo, se aplica una política de protección arancelaria a favor del biocarburante local, entrega de subsidios a los productores y una obligación de mezclar la gasolina con hasta el 10 por ciento de etanol.

Brill apunta que «El G-20 tiene que resolver la crisis alimentaria. La cumbre de 2011 abordó la situación, pero tiene que encender los motores primarios. México es un ejemplo de lo que pasa en otros países».

Los mandatarios del G-20, cuya presidencia temporal ocupa México, se reunirán el 18 y 19 de junio en la ciudad de Los Cabos, para tratar políticas contra la crisis económica-financiera que afecta al Norte, la seguridad alimentaria, el crecimiento verde y el combate al cambio climático, entre otros asuntos.

Este bloque reúne a los países industrializados del Grupo de los Ocho (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Italia y Rusia), a la Unión Europea como tal y a economías emergentes como Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía.

Los sinsabores del maíz

La activista Olga Alcaraz, dirigente de la Red de Empresas Comercializadoras Campesinas del estado de Michoacán afirma que «el gobierno de México tiene que determinar que está del lado del productor y no del beneficio de las empresas. Tenemos que trabajar sobre una reserva de alimentos, para no depender del extranjero».

Las siembras destinadas a los agrocombustibles comenzaron en la región a mediados del siglo XX y cobraron auge en la década del 70, cuando los países latinoamericanos despuntaron como proveedores de materias primas para los mercados de las naciones industrializadas y ante la primera gran crisis petrolera.

En los últimos años, el desarrollo de algunos monocultivos ha mutado hacia el aprovisionamiento de materia prima para la elaboración de combustibles, como el etanol proveniente de la caña de azúcar y el biodiésel obtenido a partir del aceite de palma africana.

La expansión de productos agrícolas para elaborar combustibles se debe también al agotamiento del petróleo como fuente de energía y a que la producción y uso de hidrocarburos conlleva la emisión de gases contaminantes, como el dióxido de carbono, responsables del aumento de la temperatura del planeta.

El maíz carga con una fuerza simbólica desde México hasta Nicaragua. «El aumento de la dedicación de este grano para etanol es fortísima, empujada por los altos precios del petróleo», destaca Wise. «Esa situación crea problemas para países importadores como México», añade este experto, quien ha estudiado los efectos del aumento de los precios de los alimentos en naciones en desarrollo.

En México se producen unos 22 millones de toneladas de maíz al año sobre una superficie de 7,5 millones de hectáreas, de las cuales viven unos 2,5 millones de productores de pequeña y mediana escala, y se importan 10 millones de toneladas.

El déficit de la balanza comercial agrícola mexicana fue en el año pasado de 2.500 millones de dólares, mientras que las compras agrícolas a Estados Unidos treparon hasta 18.400 millones.

La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos de 2008 prohíbe que tierras aptas para cultivos de alimentos sean utilizadas para plantar vegetales destinados a la elaboración de agrocombustibles.

Las organizaciones de la sociedad civil recomiendan al G-20 anular subsidios y mandatos para consumo de agrocombustibles, la regulación y transparencia de los mercados y financiar la agricultura familiar.

Los autores del estudio presentado este miércoles estiman que el costo financiero anual de las importaciones mexicanas serviría para producir 700.000 toneladas de maíz. «Es necesario invertir en programas de productores que no han recibido apoyos en 30 años. Ese es el sector que podría beneficiarse con una inversión moderada. Se ha demostrado la factibilidad de esa expansión», sugiere Wise.

El tema también estará presente en los debates de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, que se realizará del 20 al 22 de junio en Brasil.

«Esperamos ver un enfoque que integre energía, sostenibilidad y seguridad alimentaria», indica Brill. Por su parte Alcaraz mantiene que se necesita «innovación tecnológica para ahorrar en la producción y tener nuestra propia semilla, porque dependemos de las transnacionales».