La reforma sanitaria aprobada hace dos años por el Gobierno español «oculta la realidad de un cambio de modelo que nos ha alejado de la universalidad del acceso para acercarnos a un modelo de aseguramiento». La oenegé Médicos del Mundo en el informe 'Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo', concluye que el 'Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy es ineficaz y tiene graves vacíos de previsión.

La crisis económica ha servido de argumento para el cambio normativo y para dejar a cientos de miles de personas sin cobertura, lo que «nos retrotrae a un desfasado sistema de aseguramiento y copago por la prestación de determinados servicios», denuncia la organización internacional, que ha documentado hasta más de mil casos de personas que han sufrido algún tipo de vulneración al derecho a la salud.

El resultado del cambio legislativo es, por tanto, la exclusión sanitaria de miles de personas, lo que para Médicos del Mundo es una medida «regresiva y discriminatoria que va en contra del derecho humano a la salud». La organización sanitaria considera además que conlleva graves riesgos para la salud pública y que tiene efectos económicos negativos: «Reducir la atención sanitaria que reciben cientos de miles de personas únicamente a las urgencias resulta más costosa que garantizar una amplia cobertura de atención primaria y que reforzar las medidas de prevención y detección temprana».

Las medidas que han tenido que adoptar las comunidades autónomas (las competencias en materia de asistencia sanitaria no corresponden al Gobierno central) son muy heterogéneas y están descoordinadas, apunta el informe, que ha sido presentado coincidiendo con el Día Internacional de la Salud. Unas diferencias de aplicación según ejecutivos regionales que contribuyen a hacer más profundas las desigualdades en salud entre los diferentes territorios del Estado. «Puede decirse que lo único que resulta constante y homogéneo en la aplicación autonómica de este Real Decreto-ley es la descoordinación y la desinformación», apunta de forma crítica Médicos del Mundo.

La oenegé hace un análisis por comunidades autónomas y concluye que en diez de ellas se han dispuesto medidas para proporcionar tarjeta sanitaria a las personas excluidas de la reforma: ocho de ellas en forma de «programa complementario» para el colectivo de personas no aseguradas ni beneficiaras sin recursos, mientras que en otras dos (Andalucía y Asturias) se ha hecho reconociendo el derecho a la atención sanitaria en condiciones iguales al resto de la población residente. Del resto de autonomías, cinco han definido algunos supuestos o excepciones no contemplados en el decreto de la reforma.

Médicos del Mundo añade que a pesar de las medidas excepcionales las personas que cumplen los requisitos encuentran, por lo general, «importantes barreras administrativas que están limitando su efectividad». Y es que los problemas no afectan sólo a la población inmigrante 'sin papeles', sino también a personas que sí están en situación regular o a personas nacionalizadas españolas a quienes no se les ha proporcionado información adecuada para solicitar o renovar la tarjeta.

Ante tal situación, la oenegé pide al Gobierno que restituya un modelo sanitario acorde con la universalidad y recomienda a las comunidades autónomas que pongan fin, de manera inmediata, a las prácticas de facturación por la atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria; que garanticen de manera efectiva la atención sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas así como el acceso a los servicios de salud y prestación farmacéutica para las personas inmigrantes excluidas del Sistema Nacional de Salud.

Sin tarjeta sanitaria

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha aportado en diferentes ocasiones cifras sobre el número de tarjetas sanitarias que han sido retiradas desde la entrada en vigor de la ley. A 676.000 ascendían las bajas de personas extranjeras que ya no constan como residentes en nuestro país, según los datos ofrecidos en la sesión de la Comisión de Sanidad del pasado mes de enero. El Ministerio no ha informado de cuál es la base de cálculo de todas estas cifras, lo que critica Médicos del Mundo, quien también recuerda que la retirada de las tarjetas sanitarias se incluyó entre las medidas relacionadas para «aumentar la competitividad y sobre todo la flexibilidad de la economía española». Pero, ¿cómo se ha realizado el cálculo económico y su impacto?, se pregunta la organización. El Gobierno no ha identificado cuál es la implicación de la medida en el presupuesto español, en términos de gasto ni tampoco de ingresos; ni se describe cuál es su impacto ni en el PIB ni en la generación de empleo.

La oenegé también recalca que la confusión entre inmigración y el fenómeno conocido como 'turismo sanitario' es caldo de cultivo para actitudes xenófobas tristemente arraigadas en nuestra sociedad. «No es cierto que las personas inmigrantes consuman más recursos sanitarios que la población española», sostiene.

En cuanto a la violencia de género, y teniendo en cuenta que según datos de 2011, su incidencia entre mujeres extranjeras doblaría la que sufren las españolas, la reforma sanitaria significa un grave retroceso en la estrategia contra este delito, al impedir el acceso a la atención primaria, donde se detectan muchos de los casos, añade la organización.

Europa, en contra

Las críticas al Gobierno español no llegan sólo desde organizaciones no gubernamentales. Recientemente, el Consejo de Europa expuso que considera que este Real Decreto, que rechaza el acceso a la asistencia sanitaria a los inmigrantes mayores de 18 años en situación irregular en España, es ilegal. En un informe presentado a principios de año, sostiene que la justificación de que la medida es necesaria debido a la crisis económica es irrelevante, ya que esa coyuntura no debería suponer una reducción de los derechos que se reconocen en la convención.