La ONU ha pedido a la comunidad internacional que «apoye a Colombia en su intento de recuperarse de décadas de conflicto». El director de la OCHA (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), John Ging, ha dicho que «a pesar de los las negociaciones de paz, aún hay cientos de personas esperando mejoras en cuestiones básicas como salud, educación, vivienda y seguridad», a lo que hay que añadir cientos de refugiados internados. La UE también ha pedido tanto al gobierno como a las FARC que priorice las necesidades humanitarias en las negociaciones, que hoy han vuelto a estancarse.

La guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha anunciado este viernes que hará una «pausa» en el diálogo que mantiene en La Habana con el gobierno colombiano. La decisión se anuncia pocos días antes de cumplirse un año del inicio de la fase de negociaciones públicas, el próximo martes.

El jueves el presidente Juan Manuel Santos anunció por sorpresa que había introducido en el parlamento bicameral un proyecto de ley estatutaria con mensaje de urgencia, para efectuar un referendo que apruebe o rechace los acuerdos de paz con esa guerrilla. El mandatario dijo que lo ideal sería hacer coincidir la convocatoria con las elecciones legislativas de marzo de 2014, aunque dejaba abierta la opción de que el referendo se haga en mayo de ese año, junto con la primera vuelta de los comicios presidenciales, cuando probablemente él se presentaría a la reelección.

Las normas no permiten celebrar referendos junto con actos eleccitorales y en eso precisamente consiste la reforma enviada por Santos al parlamento. Formalmente, esto pondría un plazo a la negociación, que no estaba estipulado en el documento que la rige, el «Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera«, publicado el 4 de septiembre de 2012.

Una cláusula de ese texto, firmado ante los países garantes Noruega y Cuba y ante los acompañantes Venezuela y Chile, dispone que ninguna de las dos partes se levantará de la mesa de negociación hasta conseguir un acuerdo definitivo. También establece que nada estará definitivamente convenido hasta que todo esté acordado. Sin embargo, fuentes conocedoras de la negociación indicaban, antes de esta crisis que los analistas creen que será temporal, que el acuerdo podría estar listo en los primeros meses de 2014.

En el sexto punto del documento se incluye la discusión sobre un mecanismo de refrendación de los acuerdos, que apenas está siendo considerado informalmente en La Habana. Según la información oficial, en la mesa de La Habana solo se abordó el primer punto de la agenda, sobre desarrollo agrario integral, aunque aún quedan aspectos cardinales por finiquitar de este apartado.

En la actualidad se avanza en el segundo punto, sobre derechos y garantías para la oposición, acceso a medios de comunicación y mecanismos de participación ciudadana, incluyendo garantías de seguridad e igualdad de condiciones para la población vulnerable. El consultor sobre paz y conflictos Carlos Velandia considera que las negociaciones en La Habana «van mucho más adelantadas de lo que nos han contado» y extraoficialmente habrían prosperado varios aspectos de la agenda, aunque se desconoce cuáles.

El historiador Carlos Medina Gallego expresaba en su twitter que «una mesa de conversaciones (se) conflictúa cuando una parte toma decisiones fuera de lo acordado y busca imponer a la otra su voluntad». En efecto, la «pausa» introducida por las FARC indicaría que no hay consenso entre las partes sobre los mecanismos de cómo se refrendará un eventual acuerdo de paz. «Con plena seguridad las FARC no se van a levantar de la mesa, pero las actuaciones del gobierno le hacen mucho daño a la negociación y sí pueden ralentizar el proceso», explica Carlos Velandia.

La guerrilla propone una Asamblea Constituyente. Pero la denunciada existencia de vicios electorales graves, como la compra de votos, hace temer a otros sectores que los políticos con recursos del narcotráfico y la corrupción logren mayorías en los escaños constituyentes. Además, no existe una intención paralela de reforma electoral en el parlamento de aplastante mayoría oficialista, que solucione asuntos como la alta abstención o la imposibilidad práctica de comunidades aisladas de participar en elecciones.

Las FARC fueron fundadas en 1964, igual que el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el segundo mayor grupo insurgente colombiano, de origen procastrista e influencia de la Teología de Liberación. Discretos diálogos exploratorios con el ELN han tenido lugar durante el gobierno de Santos, en el poder desde agosto de 2010, pero con altibajos que han llegado a la ruptura.

En esta tercera semana de agosto, precisamente, se habían producido señales de que podrían retomarse esos acercamientos. Velandia hizo parte de la dirección del ELN, estuvo preso y salió libre tras cumplir la pena. Según él, esta «pausa» en la negociación gobierno-FARC es «una situación pasajera». «No creo que haya una voluntad del gobierno de imponer el referendo a cualquier precio», señala el analista José Jairo González, del Centro de Estudios Regionales del Sur, que observa el conflicto armado y las tensiones sociales en el departamento del Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Meta.

González opina que «es una pausa razonable para mirar cuáles serían los límites y alcances de ese referendo y las condiciones previas de participación en las elecciones (parlamentarias) de marzo o para las de Presidencia de la República». El analista del Centro de Estudios Regionales del Sur agrega que el referendo no podría hacerse mediante el sistema electoral actual, «que es el que se está cuestionando, eso es lo que las FARC están diciendo».

El referendo tendría que ser resuelto por el nuevo parlamento que se elija en marzo y, en todo caso, en la propuesta de Santos no queda claro a partir de qué momento se crearía una circunscripción especial para la participación de representantes de las FARC en el poder legislativo. Las FARC invocan la «pausa» en medio de un paro que iniciaron el lunes los sectores agropecuarios, de camioneros y de la salud, y que se ha ampliado a más sectores y ha generado bloqueos de carreteras neurálgicas y fuertes enfrentamientos con la policía antidisturbios.