Assange buscó refugio en la legación diplomática ecuatoriana el pasado 19 de junio para evitar su extradición asegurando que sufre una persecución política por Estados Unidos por revelar documentos clasificados por el Departamento de Estado. Este jueves, el gobierno ecuatoriano debe pronunciarse sobre la solicitud de asilo político del fundador de Wikileaks.

Las autoridades británicas dicen haber expuesto a los representantes ecuatorianos la obligación legal que tienen de detener a Assange, reclamado por la justicia sueca por acusaciones de delitos sexuales. El Reino Unido busca una solución negociada pero ya muestra su disposición, si no se consigue, a entrar en la embajada ecuatoriana en Londres.

El Reino Unido se acoge a la Ley de Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que permite revocar la inmunidad de las misiones diplomáticas acreditadas en territorio británico, pero la reacción de Ecuador ha sido tajante. El ministro de Exteriores del país andino, Ricardo Patiño, dice haber recibido una amenaza expresa de Londres y ha advertido de que un asalto su sede diplomática se consideraría «un acto inamistoso, hostil e intolerable y como un atentado a su soberanía, que le obligaría a responder con la mayor contundencia diplomática».

Si finalmente hoy Ecuador concede asilo político a Assange, como se espera, se abrirá un contencioso político y legal entre los dos países. Formalmente, el Reino Unido no podría detener al fundador de Wikileaks, pero éste tampoco podría abandonar la delegación diplomática ecuatoriana sin ser detenido por la policía británica, por haber violado las condiciones de su libertad bajo fianza.

Wikileaks ha condenado en su web lo que considera «un intento de intimidación del Reino Unido» y recuerda que «estas acciones extraordinarias están siendo tomadas con tal de detener a un hombre a pesar de que no hayan cargos en su contra en ningún país».