A pesar de la presencia de tropas francesas en la República Centroafricana, Amnistía Internacional denuncia que se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

La organización, que ha realizado una visita de dos semanas al país africano, pide el rápido despliegue de una sólida fuerza de paz la ONU con un mandato claro de proteger a la población civil y suficientes recursos para hacerlo efectivamente.

«Nuestra detallada investigación sobre el terreno en la República Centroafricana de las últimas dos semanas no deja ni un resquicio para la duda de que todas las partes del conflicto están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad», afirmó Christian Mukosa, experto en África Central de Amnistía Internacional.

«Los crímenes cometidos incluyen ejecuciones extrajudiciales, mutilación de cadáveres, destrucción intencionada de edificios religiosos como mezquitas, y el desplazamiento forzoso de un enorme número de personas.»

La delegación de Amnistía Internacional, integrada por tres personas, ha documentado las violaciones y abusos cometidos desde que estalló la violencia el 5 de diciembre en la capital, Bangui, con un ataque de madrugada de la milicia antibalaka.

En algunos barrios, las fuerzas antibalaka fueron puerta por puerta y mataron aproximadamente a 60 hombres musulmanes. Tras el ataque, las fuerzas del gobierno de facto, conocidas como ex Seleka, se vengaron en una escala mayor contra los cristianos y mataron a casi 1.000 hombres en dos días y saquearon sistemáticamente viviendas de la población civil. También murió un pequeño número de mujeres y niños.

En los días siguientes al estallido de violencia inicial en Bangui, las violaciones de derechos humanos y los abusos continuaron a un ritmo vertiginoso.

Pese a la presencia de las fuerzas militares francesas y africanas enviadas para proteger a la población civil, se cometen asesinatos deliberados de civiles a diario, y desde el 8 de diciembre han muerto al menos 90 personas más. Algunas han sido víctimas de disparos; otras han muerto a manos de multitudes airadas que llevaban machetes; otras han sido lapidadas.

La ausencia total de justicia y de rendición de cuentas por estos crímenes ha propiciado una espiral de asesinatos por venganza y la intensificación del odio y la desconfianza entre comunidades. En total, han sido desplazadas 614.000 personas en todo el país, 189.000 solamente en Bangui, la cuarta parte de la población de la ciudad.

«La violencia continua, la destrucción masiva de propiedades y el desplazamiento forzoso de la población de Bangui están alimentando una ira, una hostilidad y una desconfianza enormes», dijo Christian Mukosa.

«No puede haber perspectivas de acabar con el ciclo de violencia hasta que se desarme a las milicias y exista una protección adecuada y efectiva para los miles de civiles en situación de riesgo en el país. Es prioritario y urgente hacer que los barrios residenciales sean seguros para permitir que la gente regrese a sus casas y reanude su vida normal.»

Todo proceso de desarme debe ir a acompañado de medidas de protección física efectivas, sobre todo en focos de crisis como los barrios de PK5, Miskine y Combattant; Amnistía Internacional ha tenido noticia de ataques de venganza contra quienes han sido desarmados hasta la fecha.

Uno de los aspectos más preocupantes de la situación actual es la línea cada vez más difusa que separa a los grupos armados organizados de las multitudes de civiles. En muchos casos ha resultado difícil identificar a los responsables de los homicidios, pero es evidente que muchos residentes civiles defienden los actos violentos de venganza, y que algunos participan en ellos.

Tanto la comunidad cristiana como la musulmana tienen un profundo sentimiento de ira y agravio; muchas personas han enseñado a la delegación de Amnistía Internacional fotos y vídeos de matanzas que guardan en sus teléfonos móviles.

Amnistía Internacional cree que hacen falta urgentemente más tropas internacionales para garantizar la seguridad en Bangui y en otros lugares de la República Centroafricana.

La Unión Africana ha prometido el despliegue de 6.000 efectivos en una nueva fuerza de paz que tiene previsto asumir la autoridad en la República Centroafricana el 19 de diciembre. Este despliegue es urgente y necesario, pese a lo cual no se han detallado aún la composición y los planes de despliegue de las tropas.

Amnistía Internacional pide asimismo a la ONU que acelere sus planes de crear una comisión de investigación para investigar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves de derechos humanos.

«Es importante determinar la responsabilidad de los crímenes que han cometido todas las partes de este conflicto y garantizar que se acaba con la impunidad que impera desde hace décadas en este país», añadió Christian Mukosa. La organización ha recibido información creíble sobre líderes de las milicias directamente implicados en los ataques que deben responder de sus actos ante la justicia.

«La comunidad internacional tiene un papel importante que desempeñar en la República Centroafricana, garantizando el despliegue rápido de fuerzas de paz y que éstas reciben los recursos que necesitan para prevenir un derramamiento de sangre mayor aún». AI NP