El juez instructor también ha imputado al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, por la supuesta adjudicación de determinados contratos a la filial de Sacyr Sufi, que declarará como imputado el 24 de noviembre, y que también aparecen en la contabilidad del Partido Popular elaborada por su extesorero Luis Bárcenas. Además, la investigación acaba de revelar que se abonaron con dinero negro otros 750.000 € para la reforma de la sede del partido en la calle Génova.

Ante este cúmulo de datos, evidencias e imputados que no cesa de crecer, las organizaciones firmantes de la querella y las 27.000 personas que la han apoyado se mantienen firmes en la petición de diligencias y en la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular a cambio de contrataciones de obras y servicios.

Los impulsores de la querella dicen que la importancia de esta instrucción es sustancial para determinar quiénes son algunos de los auténticos responsables de la crisis, los culpables de una enorme transferencia de dinero público a unos pocos bolsillos, a través de actividades ilícitas. Añaden que "la regeneración y reconstrucción de la democracia no es posible sin investigar hasta el fondo los hechos que nos han llevado hasta esta situación y la depuración de todas las responsabilidades."