Por Andrew Green

La abrumadora tarea de proveer asistencia a los más de 500.000 desplazados y heridos en Sudán del Sur podría ser un poco más fácil con el cuerdo de alto el fuego que se ha firmado en Addis Abeba, que entró en vigor este viernes 24.

El gobierno y los grupos rebeldes, que libran combates desde hace más de cinco semanas, acordaron el día anterior en la capital etíope congelar sus posiciones y abrir corredores para las organizaciones humanitarias que intentan desesperadamente enviar alimentos y medicinas a los que lo necesitan.

Ahora que tienen acceso, los trabajadores dedicados a la ayuda temen descubrir una crisis humanitaria aun mayor de la que se imaginaban. Mientras, permanecen las dudas sobre si el acuerdo efectivamente se respetará en este país de África oriental, independizado tan solo en 2011.

Los primeros enfrentamientos en Sudán del Sur se produjeron el 15 de diciembre dentro cuarteles militares de Yuba, y rápidamente se propagaron al resto de la capital.

El presidente Salva Kiir acusó a su rival político Riek Machar, exvicepresidente de su gobierno, de orquestar un golpe de Estado. Machar negó la imputación, pero desde entonces lanzó abiertamente una rebelión contra el gobierno.

En las primeras semanas del conflicto se produjeron enfrentamientos ente el ejército y fuerzas opositoras en al menos siete estados del país. Los rebeldes tomaron el control de tres capitales, aunque el gobierno luego las recuperó.

Organizaciones asistenciales sospechan que miles de personas habrían muerto y otras tantas resultado heridas, pero es imposible confirmarlo en este momento debido a que el acceso a varias zonas del país es limitado. Lo que está claro es que las cinco semanas de combates han creado una grave crisis humanitaria.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que por lo menos 494.000 personas habrían sido desplazadas, cerca de una décima parte de la población. Menos de la mitad han recibido asistencia hasta ahora. Otros 86.0000 sursudaneses habrían huido a países vecinos.

Jacob Kurtzer, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que la necesidad es enorme. «Hemos visto personas desplazadas sin ningún efecto personal, que han dejado sus hogares sin tener ningún refugio elemental y con muy poca comida», nos dijo.

«Siempre estamos preocupados por el saneamiento, y lo mínimo que necesitan las personas heridas es atención médica... Estamos tratando de cubrir todas estas necesidades de forma simultánea», añadió.

En los días precedentes al acuerdo de Addis Abeba, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lanzó desde aviones 70 toneladas de suministros de emergencia y medicamentos, que serán distribuidos entre mujeres, niños y niñas de todo el país.

Al menos 70.000 personas procuraron refugio en las bases de la ONU, pero las limitaciones de espacio y la escasez de servicios higiénicos amenazan con desatar enfermedades.

Unicef ha advertido de un brote de sarampión en algunos de los campamentos, ante lo cual se debieron lanzar dos campañas de vacunación de emergencia. El subdirector de operaciones de emergencia de Unicef, Dermot Carty, nos explicó que la impredecibilidad de los combates hacía prácticamente imposible anticipar una respuesta sostenida.

Los planes de Unicef para llegar a 70.000 desplazados esta semana en el condado de Awerial, en el noreste del estado de Jonglei, debieron postergarse hasta el último minuto cuando se produjeron combates por sorpresa, señaló. «Estábamos todos preparados para ir, y de pronto la situación de seguridad cambió y tuvimos que quedarnos», dijo.

Ahora que está en vigor el cese del fuego, el gobierno sursudanés, la ONU y las organizaciones humanitarias esperan que esas interrupciones no se produzcan más y que cientos de miles de personas puedan recibir ayuda. Pero el mejor acceso podría revelar una aun mayor necesidad de asistencia.

Paul Akol, legislador de Jonglei y miembro del Comité de Manejo de Crisis de la administración de Kiir, viajó con un equipo a la capital de ese estado, Bor, que el gobierno logró recuperar la semana pasada. Akol contó que todavía hay muchos cadáveres abandonados en las calles de la ciudad.

«Son ciudades en teoría, pero ahora nada existe en ellas», dijo. «Las casas están destruidas. Los comercios están destruidos. La poca infraestructura construida en el periodo interino está completamente destruida», lamentó. El legislador estimó que tomaría meses, si no años, para que los habitantes de todas esas zonas puedan reconstruir sus vidas.

Akol sospecha que los equipos de respuesta de emergencia se encontrarán con la misma situación cuando lleguen a otras áreas que fueron escenario de intensos combates.

Con pocas calles pavimentadas y gran parte del territorio propenso a sufrir inundaciones, en este país ya era difícil transitar y la destrucción a gran escala durante el conflicto hizo más engorroso y caro el transporte.

Kurtzer dice que su organización ya preveía que la respuesta de ayuda a Sudán del Sur sería «una de las más caras del año». «Hasta cierto grado, eso refleja el desafío de operar en este ambiente particular. Pero creo que también refleja la escala de las necesidades» de la población, dijo.

La ONU lanzó una petición de emergencia de 209 millones de dólares solo para atender la crisis inmediata, pero calcula que el país necesitaría una asistencia total de 1.140 millones de dólares durante el año.

Y eso si la situación política no se agrava aun más. El director de país de Oxfam, José Barahona, nos dijo que no había garantía de ello. «No esperamos que el alto al fuego signifique que al otro día no habrá más disparos. Hay mucha gente con armas. Hay todo tipo de grupos armados. Creo que no podemos ser ingenuos».

Tampoco está claro si todas las fuerzas rebeldes que combaten en el país son leales a Machar y si respetarán el acuerdo. Esto podría suponer un continuo peligro para cientos de miles de personas en todo el país, y más dificultades para las organizaciones que procuran ayudarlas.