Encerrados en salones sofocados por el sol de la capital peruana, delegados de 195 países buscan el camino que permita al planeta llegar a la neutralidad climática durante la segunda mitad del siglo, el único mecanismo para evitar cambios irreversibles en la dinámica planetaria según instituciones científicas y especialistas.
La neutralidad climática implica la disminución de las emisiones anuales de gases causantes del efecto invernadero a un punto en el cual se pueda capturar o fijar la totalidad de estos gases. Para esto es fundamental acelerar la transición de una economía basada en combustibles fósiles a otra fundamentada en energías renovables.
Cuando la 20 Conferencia de las Partes (COP 20) sobre cambio climático llega a su ecuador, aumentan los países del Sur en desarrollo que asumen la propuesta de fijar la meta para 2050 de la neutralidad climática, también conocida como cero neto.
«Los datos científicos cada vez son más alarmantes», nos dice la costarricense Giovanna Valverde, presidenta pro témpore de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), un grupo de gobiernos regionales de ingresos medios que negocian como bloque en la conferencia.
«El coordinador del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) nos mostraba los datos en la sesión plenaria que demuestran la urgencia en que estamos. Si ponemos el 2050 es para que todos se puedan sumar, pero los números son alarmantes», añade.
Informes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de la Agencia Internacional de la Energía y del IPCC coinciden en cómo alcanzar la neutralidad: invertir más en energías limpias, reducir el consumo de combustibles fósiles, mejorar las prácticas agrícolas, reforestar y potenciar la eficiencia energética.
La iniciativa de avanzar por ese camino mediante la neutralidad climática se ha convertido en uno de los debates estrella de la primera semana de la conferencia anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), pero queda mucho para que cristalice en un compromiso de los países para garantizar la transición hacia una economía limpia.
Un informe del británico Overseas Development Institute concluye que las potencias industriales y emergentes del Grupo de los 20 siguen invirtiendo cerca de 88 000 millones de dólares anuales en subsidios a los combustibles fósiles, en lugar de usar ese capital para impulsar a las energías renovables.
Además, en los espacios de la COP 20, el poder y el lobby de la industria de los hidrocarburos es palpable y no faltan en la agenda encuentros organizados por corporaciones transnacionales del sector, como la anglo holandesa Shell, programada para el lunes 8.
La costarricense Valverde asegura que la clave es «que los países se comprometan seriamente con la información que dan de las emisiones y en la reducción que prevén para que los científicos tengan tiempo entre 2015 y 2020 en comparar las metodologías de los países, hacer la suma matemática y definir cuánto falta por reducir».
La Asociación de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, en inglés) ha emitido un comunicado exhortando a los países industrializados a hacer más «ambiciosas» estas contribuciones, reduciendo la dependencia de las energías sucias. AOSIS ha hecho un llamamiento a que el planeta alcance el nivel de cero emisiones en 2100, lo que implica la total eliminación del uso de combustibles fósiles, tal y como recomendaba el IPCC en su último informe, del 2 de noviembre. Países como Polonia, una potencia en producción de carbón, anunciaron su rechazo a la medida.
Su oposición y la de otros países dependientes de combustibles fósiles entorpecen el avance de las energías limpias. La Unión Europea (UE), por ejemplo, no ha acordado una meta a largo plazo dentro del bloque y tampoco está segura si apoyará la neutralidad climática presentada por la CMNUCC e impulsada por los países en desarrollo.
«La meta de emisiones forma parte de la discusión», nos dice una de las conductoras de las negociaciones por la UE, Elina Bardram, para quien «es importante que cuando lleguemos a París tengamos una visión compartida», en referencia a la COP 21, que debe celebrarse en la capital francesa en noviembre de 2015. «Esto nos dirá cuál será la ambición para un futuro bajo en carbono. Todavía no tenemos clara la meta a largo plazo, pero por supuesto que tendremos en cuenta la visión del IPCC y de otros cuerpos científicos», asegura.
En París debe establecerse un nuevo tratado climático, global y vinculante, que desde 2020 reemplace al Protocolo de Kyoto. Pero antes, en Lima debe definirse la forma que tendrá lo que muchos consideran el corazón del nuevo acuerdo: las contribuciones nacionales. En estas contribuciones se incluye la reducción a la que se compromete cada nación y en cuánto tiempo. La suma de estas contribuciones debe ser suficiente para evitar efectos irreversibles en la dinámica de la Tierra.
Para lograr esto, los países en desarrollo y la sociedad civil tanto del Sur como del Norte proponen una mezcla de reducción de los incentivos a las energías fósiles, reforestación y mejoras agrícolas y la inversión en energías renovables. Aunque estas contribuciones deben notificarse oficialmente entre marzo y junio próximos, algunos países han hecho ya anuncios al respecto.
El 12 de noviembre, en un anuncio conjunto en Beijing, Estados Unidos prometió disminuir para 2025 entre un 26 y un 28 por ciento de sus emisiones con respecto a 2005 y China se comprometió a poner tope a sus emisiones en 2030 y luego reducirlas.
Pero los estudios científicos alertan que se requieren pasos más ambiciosos y más rápidos.
Las acciones deben tomarse antes de 2020, según el «Informe sobre la disparidad en las emisiones 2014», con el que el PNUMA analiza anualmente la diferencia entre las acciones actuales de los países y las necesaria para no tener afectaciones graves a las dinámicas planetarias, publicado el 19 de noviembre.
«Este informe deja claro que en cierto punto de la segunda mitad del siglo XXI tendremos que haber alcanzado la neutralidad climática, o como algunos le llaman cero neto, en términos de las emisiones globales», dijo la secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Christiana Figueres.
De acuerdo con este estudio, el pico de emisiones mundiales debe darse en los próximos 10 años, seguido por acciones para implementar más energías limpias y reducir el uso de combustibles fósiles. Esto se conoce como la «agenda de reducción previa a 2020» y la entrada en vigor del nuevo tratado. Hasta ahora en Lima los delegados han postergado la revisión de estas reducciones pre-2020, enfrascados en luchas procedimentales.
Ahora, los países corren el riesgo de no acordar las acciones requeridas para reducir las emisiones de forma que la elevación de la temperatura no sobrepase los dos grados centígrados, e incluso hay voces que alertan que el aumento máximo debe ser menor, antes de que haya efectos irreversibles en el planeta.
«Nuestra posición es que el aumento de la temperatura no puede ser mayor de 1,5 grados centígrados pues más que eso sería demasiado nocivo», nos dice el nepalí Ram Prasad, coordinador del grupo de Países Más Vulnerables (LDC, en inglés). La acción climática es urgente, pues cada año que pasa se complica más la situación para los países más vulnerables, que usualmente son las naciones más pobres del planeta, haciendo del cambio climático un problema profundo de inequidad, explica.
El informe del PNUMA concluye que para adaptarse al clima cambiante el mundo necesitará cerca de tres veces más que los entre 70 y 100.000 millones de dólares anuales que se estimaban hasta ahora.
