Akech intentó resistirse al matrimonio, manteniendo su sueño de estudiar enfermería. Pero su tío le dijo: «Las niñas nacen para que la gente pueda comer. Todo lo que quiero es recibir mi dote».

Sus primos varones la golpearon con fuerza y la obligaron a ir con ellos a la casa del hombre en cuestión.

Pero Akech huyó y se escondió en la casa de una amiga. Su tío la encontró y la hizo detener, diciéndoles a los oficiales que se había escapado de su esposo y que necesitaba que le dieran una lección.

Pasó una noche tras las rejas. Cuando sus primos fueron a buscarla, la golpearon con tanta violencia que prácticamente no pudo caminar. Luego la llevaron de regreso con su esposo. Entonces Akech sintió que no tenía más opción que quedarse.

Yo oí historias como la de Akech una y otra vez, de mujeres y niñas a las que entrevisté entre marzo y octubre de 2012 en Sudán del Sur, donde el matrimonio infantil es un problema de proporciones epidémicas.

Casi la mitad de todas las muchachas de entre 15 y 19 años están casadas en ese país africano, según un estudio del gobierno. Algunas tienen apenas 12 años cuando contraen matrimonio. Las que intentan resistirse a esas uniones forzadas pueden sufrir consecuencias brutales a manos de sus propias familias.

La organización Human Rights Watch ha documentado casos de adolescentes cruelmente golpeadas, abusadas verbalmente y amenazadas con maldiciones, o llevadas a la policía para obligarlas a casarse. Algunas fueron mantenidas en cautiverio e incluso asesinadas por sus familias.

Muchas comunidades sursudanesas consideran que el matrimonio infantil es por el bien de las niñas y de sus familias. Se ve como una manera importante de que las familias accedan a riquezas a través de la práctica tradicional de transferir ganado, dinero y otros obsequios mediante el pago de dotes. También se ve como un modo de proteger a las muchachas de las relaciones sexuales premaritales y de los embarazos no deseados.

Para algunas niñas, el matrimonio puede ser también la única manera de escapar de la pobreza o de la violencia que padecen en sus hogares.

Pero la realidad dista de esto. Aquellas que se casan jóvenes son expulsadas de las escuelas, donde les niegan la educación que necesitan para sustentarse a sí mismas y a sus familias.

Estudios de salud reproductiva muestran que las mujeres jóvenes afrontan mayores riesgos en el embarazo y el parto que las mayores. Esto incluye canal de parto obstruido y potencialmente mortal debido a que sus pelvis son más pequeñas y sus cuerpos son inmaduros, problemas exacerbados por los limitados servicios de salud pre y postnatal en Sudán del Sur.

Los matrimonios precoces también crean un entorno que aumenta la vulnerabilidad de las niñas casadas a los abusos físicos, sexuales, psicológicos y económicos.

Esto se debe a que estas uniones tan tempranas limitan sus conocimientos y habilidades, sus recursos, sus redes de apoyo social y su autonomía, dejándolas con poco poder en relación al que ostentan su esposo o la familia del mismo.

Cada vez hay más conciencia de que el matrimonio infantil es un serio problema de derechos humanos en Sudán del Sur. El gobierno ha tomado algunas medidas para abordarlo, aprobando leyes nacionales que incluyen importantes protecciones para niñas y mujeres en este sentido.

También hay esfuerzos por mejorar el acceso de las niñas a la educación, por ejemplo mediante un sistema alternativo de educación que permita continuar la escuela a las muchachas embarazadas, y a las madres e individuos en general que no han tenido acceso a una educación formal o que han desertado.

Sin embargo, estas medidas son insuficientes, y a menudo se ven obstaculizadas por una variedad de problemas y limitaciones. Hay brechas y conflictos en las leyes diseñadas para proteger a mujeres y niñas de los matrimonios precoces y forzados.

La mala comprensión de las disposiciones que contienen estas leyes, que se exacerba por la falta de una adecuada formación, por la mala coordinación entre los ministerios responsables de proteger a la infancia de los abusos, y la falta de una clara delegación de responsabilidades ante autoridades específicas, perpetúa los matrimonios precoces y la violencia contra las niñas que se resisten a ellos.

Hay en curso varias pequeñas iniciativas, implementadas o financiadas por organizaciones locales e internacionales, donantes y el gobierno, que abordan aspectos del matrimonio infantil. Sin embargo, estos esfuerzos son esporádicos, descoordinados y de alcance limitado.

A consecuencia de estos fallos, muchas mujeres y niñas continúan lidiando con este problema, a menudo de consecuencias devastadoras y de larga duración.

Este 16 de junio, cuando se celebra el Día del Niño Africano, Sudán del Sur debería tomar medidas inmediatas y de largo plazo para proteger a las menores de esta práctica dañina y garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos.

Solo un enfoque exhaustivo, que debería exponerse en un plan de acción nacional, ayudará a garantizar un avance significativo por parte del gobierno, de sus agencias y de los socios para el desarrollo para poner fin al matrimonio infantil.

Ese enfoque debería incluir reformas legales e iniciativas programáticas que aborden las causas y consecuencias del matrimonio precoz, así como la protección para mujeres y niñas que buscan resarcirse a través del sistema judicial.

Es importante que Sudán del Sur adopte estas medidas, porque el matrimonio infantil limita el avance social, educativo, sanitario, de seguridad y económico de mujeres y niñas, de sus familias y de sus comunidades. Es probable que no combatir este flagelo tenga serias implicaciones para el futuro desarrollo del país.

* Agnes Odhiambo es investigadora de África para las mujeres en Human Rights Watch.