Contra la ley mordaza

Los periodistas italianos protagonizan este viernes una jornada de huelga contra la llamada Ley Mordaza del Gobierno de Silvio Berlusconi que prevé penas de cárcel a quienes publiquen conversaciones telefónicas en procesos abiertos.

Periódicos, canales de televisión, radios y agencias de noticias estaban convocados por la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) a mostrar su desacuerdo con una ley que tramita el Parlamento en estos momentos y con la que, según los periodistas, se restringe el derecho de los ciudadanos a ser informados.

manifestantes en Roma
Foto:CC

Los dos periódicos de referencia italianos, el milanés Corriere de la Sera y el romano La Repubblica no han salido a la calle ni tan siquiera han actualizado sus páginas web, en los kioscos no se encuentra más prensa que la de la familia Berlusconi. También hacen huelga las principales agencias, Ansa y Agi. Algo parecido sucede en los canales de televisión, el canal de información continua Sky Tg24, propiedad del grupo del magnate Rupert Murdoch, sólo ofrece programas grabados e informa de la huelga con rótulos. Los periodistas de la RAI, el canal público han ido en su mayoría al paro, aunque se ha dado el magacín de entretenimiento matinal. Hasta Canale 5, del grupo Mediaset Berlusconi no ha emitido el telediario de las 08,00, aunque no se ha dado ninguna explicación.

La«jornada de silencio» ha sido convocada por FNSI, principal sindicato de periodistas del país que ha llamado a «una protesta extraordinaria a través de un ruidoso silencio de la información».

La llamada Ley Mordaza, que todavía debe ser votada en la Cámara de los Diputados, autoriza la utilización de escuchas telefónicas sólo en el caso de delitos castigados con más de cinco años de cárcel. Incluida la corrupción. La duración de las escuchas sólo podrá ser de 75 días, que se podrán prorrogar de tres en tres días.

Los medios que publiquen de modo textual las escuchas serán sancionados con multas de hasta 300.000 euros. Si son de personas extrañas a los hechos ascenderán a 450.000.

Los periodistas que incumplan la ley podrán ser condenados a un mes de cárcel o tendrán sanciones económicas.