Organizaciones no gubernamentales presionan a los organismos financieros multilaterales para que no financien la producción de hidrocarburos obtenidos mediante fractura hidráulica («fracking»), por entender que este procedimiento conlleva altos costos ambientales.
«Me parece terrible, pues el fracking resulta una de las técnicas de mayor riesgo para la disponibilidad de agua potable en el país. Hay que atajar esa intención pues es absolutamente incongruente», dice la coordinadora general de la Red de Acción por el Agua en México (Fanmex), Nathalie Seguin.
«Ya hay experiencias en varios lugares del mundo, con investigaciones científicas sólidas, que marcan claramente un alto riesgo de fugas en los pozos verticales, que son los que atraviesan los mantos freáticos», asegura.
La fractura hidráulica es la tecnología utilizada para extraer hidrocarburos no convencionales atrapados en las rocas, como el gas de esquisto, para así liberarlos a gran escala.
La generación de ese recurso demanda grandes volúmenes de agua y la excavación y fractura generan enormes cantidades de residuos líquidos, que pueden contener químicos disueltos y otros contaminantes que requieren tratamiento antes de su desecho.
«Algunas instituciones internacionales están abiertas a financiar el fracking. Es un riesgo real que inviertan» en ese método, alerta Timothé Feodoroff, del programa de justicia agraria de la red no gubernamental Transnational Institute (TNI), con sede en Amsterdam.
Feodoroff es autor, junto a sus colegas Jennifer Franco y Ana María Rey, del informe de enero pasado «Historia vieja, amenaza nueva: Fracking y el acaparamiento global de tierra», que revela que «tras bastidores en la rebatiña mundial por la exploración y extracción de gas no convencional hay un amplio rango de actores públicos y transnacionales privados, así como nacionales e institucionales».
En esa red operan empresas proveedoras de tecnología, petroleras, financieras, gobiernos, grupos de presión e incluso organizaciones académicas.
TNI publicará en septiembre otro informe que abordará la burbuja financiera alimentada por bancos y fondos privados de inversión alrededor del gas de esquisto.
«Encontramos que el dinero lo dan firmas de Wall Street, hay mucha especulación con el fracking. Con la crisis inmobiliaria de 2007 hicieron lo mismo. Hay muchos bancos de inversión involucrados, no ha terminado esa especulación», señala Feodoroff.
La Corporación Financiera Internacional, el brazo privado del Banco Mundial, nos asegura que no tiene planes de otorgar ningún préstamo para la fractura hidráulica. Empero, esa entidad posee el 10 por ciento del consorcio Agiba Petroleum, www.agiba.com/ formado también por la Corporación General Egipcia de Petróleo, la italiana Eni SPA y la rusa Lukoil, que practica el fracking en los campos «Falak» y «Dorra» en el desierto de Egipto.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que no respondió a nuestras preguntas sobre sus planes de financiar fractura hidráulica, publicó en diciembre el informe «The New Energy Landscape: Shale Gas in Latin America» (El nuevo paisaje energético: Gas de esquisto en América Latina), de David Mares, que no está disponible para consulta pública. Pero el trabajo de julio pasado «Shale Gas in Latin America: Opportunities and Challenges (Gas de esquisto en América Latina: Oportunidades y desafíos»), de ese mismo consultor, aporta algunas ideas respecto a la situación del nuevo hidrocarburo en la región.
«Los temas centrales que determinarán qué países latinoamericanos forman parte de la revolución del gas shale giran alrededor de las necesidades de los inversionistas, la situación del debate ambiental y la habilidad del Estado para dar seguridad a las operaciones de exploración y producción», analiza en el texto publicado por el no gubernamental Diálogo Interamericano, con sede en Washington.
Mares arguye que el desarrollo del recurso variará según el país y que la financiación puede provenir de fuentes locales, inversión extranjera directa, una cartera de inversiones, inversiones estatales y préstamos.
La estatal Petróleos Mexicanos ha perforado en este país desde 2011 al menos seis pozos en rocas de esquisto en los norteños estados de Nuevo León y Coahuila y prepara una nueva excursión geológica en el norte del sudoriental Veracruz, con un coste de 245 millones de dólares por 18 meses, encabezada por el también estatal Instituto Mexicano del Petróleo.
Esta compañía nacional planea taladrar 20 pozos para 2016, con una inversión superior a los 2.000 millones de dólares, y proyecta para los próximos 50 años operar 6.500 pozos en una escala comercial.
La estadounidense Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) sitúa a México en el sexto lugar global de gas técnicamente recuperable, detrás de China, Argentina, Argelia, Estados Unidos y Canadá, en un examen de 137 depósitos en 42 países. En esa misma escala, este país ocupa el octavo lugar en cuanto a petróleo en la misma situación.
Las organizaciones no gubernamentales no descartan lanzar una campaña internacional en contra de la financiación de ese método y preparan acciones globales para el Día Mundial contra el Fracking, que se celebrará el 19 de octubre próximo.
«El problema es la presión de las empresas privadas y gobiernos para financiar esas actividades», advierte Seguin. «El interés de los organismos multilaterales es prestar dinero, apuestan a megainfraestructuras porque es la forma más fácil de endeudar a los países y mantenerse. Esa financiación contradice sus propios estándares ambientales y sociales. ¿Por qué vamos a estar explotando gas de esquisto, cuando es una amenaza muy grande?», cuestionó.
Al menos seis organizaciones han formado ya la Alianza Mexicana contra el Fracking, que aún no ha aclarado si demandará una moratoria a la actividad o una prohibición expresa en un próximo informe sobre las aristas energéticas, económicas, sociales y ambientales del recurso.
«Es posible que los grandes bancos influyan en las agencias multilaterales. Alertamos sobre el poder corporativo» para influir en sus decisiones, advierte Feodoroff.
El holandés Rabobank Group, especializado en materias primas y productos agrícolas, anunció que no invertirá dinero en la exploración y explotación de gas shale, un movimiento que los especialistas esperan sea imitado por otras instituciones privadas.
El análisis de Mares avisa de que «el desarrollo del potencial de gas de esquisto de América Latina afronta retos significativos y no está claro si la región los abordará exitosamente». Por eso advierte de una perspectiva problemática para México, Argentina y Brasil.
