Se trata de un problema generalizado: el 95% de la población respira aire sucio en el Estado español, donde se producen al menos 20.000 muertes prematuras anuales relacionadas con la contaminación.
Las medidas que ha puesto en marcha el protocolo de la Generalitat de Cataluña son de carácter voluntario, no inciden en la reducción del tránsito en las zonas más críticas, ni limitan de forma obligatoria la actividad industrial, como se ha demostrado estos últimos años. Ecologistas en Acción denuncia que la Generalitat postergue incluso las nuevas medidas aprobadas de reducción a la mitad de precio del transporte público y el aumento del 25% en las tarifas de peaje y aparcamientos municipales. Si bien son insuficientes tendrían un potente efecto para concienciar a la población de la gravedad del problema. No hay ninguna justificación para el retraso.
El episodio de contaminación que se vive estos días es grave, pero recuerda que el principal riesgo es la contaminación constante diaria a la que está sometida la población de los 40 municipios del área metropolitana de Barcelona , donde se superan los valores límite de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión, afectando al 53% de la población catalana.
El gobierno de Cataluña ha tenido 14 años para adaptarse a la normativa europea, tiempo perdido que viene causando graves problemas de salud en la población. Numerosos estudios científicos y la propia Organización Mundial de la Salud relacionan la contaminación como causa directa de enfermedades respiratorias, neurológicas, cardiovasculares y el cáncer. Se calcula que cada año causa hasta 3.500 muertes prematuras en el Área Metropolitana de Barcelona, además de tener importantes costes económicos e impactos graves en la agricultura y los ecosistemas. Ecologistas en Acción presentó propuestas que ya se aplican con éxito en más de 200 ciudades europeas y que el nuevo plan, aprobado con casi cuatro años de retraso, no ha recogido.
Cataluña se enfrenta a dos procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa europea que en breve llegarán al Tribunal de Justicia Europeo y que podrán concluir en importantes sanciones millonarias que pagaremos la ciudadanía. Lo mismo ocurre con la ciudad de Madrid, a la que la Comisión Europea rechazó una prórroga en la entrada en vigor de la normativa de obligado cumplimiento.
Madrid se enfrenta desde hace semanas a un pico de contaminación que bate récord. El jueves se alcanzaron ya las 124 superaciones del valor límite de dióxido de nitrógeno (NO2). A las dos estaciones de medición que han superado ya los límites legales para todo el año, se sumará muy pronto una tercera (Fernández Ladreda)
La respuesta de las autoridades madrileñas ante el nitrogenazo llega a ser insultante: cierran los ojos ante un problema urgente, ni se plantean activar un protocolo anti-contaminación que ni siquiera existe oficialmente. La página web del Ayuntamiento no informa de la situación, mientras que sí lo hace en caso de intrusiones de aire sahariano, que son fenómenos naturales que no se pueden evitar. N de P
