Los egipcios acudirán este sábado a las urnas para decidir sobre un polémico borrador de la nueva Constitución. El referendo divide a la nación, que aún vibra con el fervor del movimiento popular que derrocó al régimen de Hosni Mubarak (1981-2011). La mayoría de los partidos y grupos islamistas apoyan el texto propuesto, mientras que los liberales, los de izquierda y los llamados «revolucionarios», además del considerable grupo de la población aún partidario del antiguo régimen, se expresan en contra.

Para el analista político Tawfiq Ghanem, «la crisis por la Constitución egipcia posterior a la revolución, ha llevado a una polarización sin precedentes, que ya ha desatado violencia». La situación «es muy precaria. Los dos campos son capaces de movilizar importantes números de personas, lo que hace que ambos se atribuyan legitimidad popular».

El martes pasado se realizaron masivas manifestaciones en El Cairo: una en respaldo al borrador y otra, realizada frente al palacio presidencial, que exigió la postergación del referendo. Ambas concentraciones reunieron a cientos de miles de personas. Los opositores a la Constitución propuesta sostienen que el documento otorga demasiados poderes presidenciales y no garantiza las libertades personales. También se quejan de que la Asamblea Constituyente de 100 miembros que ha elaborado el texto estaba dominada por representantes del sector islamista.

El profesor de derecho constitucional Gaber Gad Nassar, exintegrante de la Constituyente, señala que «la anterior Constitución de Egipto (de 1971) era mucho mejor que el documento que será sometido a votación este sábado». «El borrador no refleja las demandas del levantamiento popular del año pasado, que puso fin a 30 años de corrupción y dictadura», agrega.

El mes pasado, Nassar y otros constituyentes abandonaron la Asamblea en protesta por lo que consideraron una «dominación islamista» del proceso. Los miembros remanentes, casi dos tercios del órgano, aprobaron el borrador tras una maratónica sesión de 20 horas. «Dejé la Asamblea para protestar contra los artículos relacionados con los poderes presidenciales, así como contra los cambios hechos en el último minuto de los artículos relacionados con las libertades civiles», explica Nassar.

El exconstituyente agrega que las propuestas presentadas por los sectores seculares y liberales fueron ignoradas. Magdi Hussein, prominente analista político de tendencia islamista, defiende el borrador, señalando que los constituyentes seculares se retiraron en masa justo antes de una votación final de la Asamblea sobre el documento, con el objetivo deliberado de boicotear el proceso. «Además, nunca puede haber un consenso total en ninguna Constitución del mundo», explica Hussein «eierto grado de disenso es inevitable».

Para este politólogo «la única forma de salir de la actual crisis y de alcanzar las metas de la revolución del año pasado -a saber, la transición democrática- es someter a votación popular la Constitución propuesta». «La oposición puede votar 'No' si lo desea». Si más de la mitad de los votantes registrados apoyan el «Sí», se realizarán nuevas elecciones parlamentarias dentro de 60 días. Si el borrador es rechazado, se formará otra Asamblea Constituyente, cuyos miembros serán elegidos en forma directa y tendrán la tarea de presentar otro texto en seis meses.

El 8 de diciembre, el presidente Mohammad Morsi, de los Hermanos Musulmanes, hizo un llamamiento a la oposición para preparar una lista de los artículos del borrador que consideraban objetables, para ser discutidos en la próxima sesión de apertura del parlamento. El mismo día, Morsi, a pesar de las peticiones de la oposición de que se postergara el referendo, emitió un decreto señalando que la votación se realizaría como estaba previsto. El decreto reemplazó uno anterior muy polémico, del 21 de noviembre, que impedía que las decisiones del presidente fueran sometidas a revisión judicial.

Fue ese decreto que desató la última crisis política, con protestas de cientos de miles de personas en las calles de todo el país. Los críticos de Morsi señalaban que el decreto, que también protegía a la Asamblea Constituyente y al Consejo Shura (cámara alta del parlamento) de ser disueltos por orden judicial, era «dictatorial» y constituía un «descarado acaparamiento de poder».

Sin embargo, los partidarios del presidente consideran que era una medida necesaria para enfrentar a un sistema judicial hostil que había servido al régimen de Mubarak, en especial la Suprema Corte Constitucional (SCC). Ese tribunal jugó un papel fundamental en la disolución este verano de la Asamblea Popular (cámara baja del parlamento), tres cuartas partes de la cual estaba formada por candidatos islamistas. La SCC se basó en un tecnicismo legal para declarar a ese órgano inconstitucional».

Para el analista político Tawfiq Ghanem, «Morsi y sus partidarios consideran que el sistema judicial, en especial la SCC, intenta socavar las decisiones presidenciales ena cada momento y amenaza con disolver los organismos democráticamente electos». Además, señala que el controvertido decreto del 21 de noviembre «tenía la intención de anticipar fallos de la SCC contra la Asamblea Constituyente y el Consejo Shura».

Los opositores al texto constitucional están reunidos en el recientemente formado Frente de Salvación Nacional (FSN), liderado por Mohammad ElBaradei, premio Nobel de la Paz, y los excandidatos presidenciales Amr Moussa y Hamdeen Sabbahi. Este grupo reúne a extraños compañeros de cama, como liberales, izquierdistas y representantes del movimiento «revolucionario» que derrocó al régimen de Mubarak.

ElBaradei, exdirector general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, reconocía en un editorial el 3 de diciembre en el periódico internacional de negocios Financial Times, que «paradójicamente, los revolucionarios que se deshicieron de Mubarak ahora son apoyados por miembros del viejo partido» del exmandatario. Los partidarios de Morsi, por su parte, acusan al FSN de encabezar un «golpe» contra el presidente electo. Ven a Moussa y a Sabbahi como candidatos fracasados que simplemente quieren descarrilar el proceso de transición.

Magdi Hussein cree que «la elite liberal y secular de Egipto ha echado, abiertamente, su suerte con los remanentes del régimen de Mubarak en contra del presidente, democráticamente electo, con la esperanza de obstaculizar la formación de las instituciones del Estado», y acusa al FSN de «contrarrevolucionario».