Muy frecuentemente, antes de adoptar una iniciativa legislativa, la Comisión Europea abre consultas públicas para que opine cualquier ciudadano, asociación o institución. La web «Tu voz en Europa», disponible en español, remite a las consultas abiertas o ya realizadas, todas escritas en inglés y solo en algunos casos en otros idiomas oficiales de la UE, que habitualmente son francés y alemán.

En este caso, el reclamante español se refería a las consultas sobre una nueva iniciativa para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y sobre la libre circulación de trabajadores. Adujo que la política lingüística de la Comisión era arbitraria y contraria a los principios de apertura, buena administración y no discriminación. No se puede esperar que los ciudadanos europeos participen en la toma de decisiones que no pueden entender.

El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, respalda su opinión y comparte la postura del Parlamento Europeo que ha adoptado recientemente una resolución por la que insta a la Comisión a revisar su restrictiva política lingüística para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Se trata, dice, de la participación ciudadana en la vida democrática de la UE y eso está garantizado por el Tratado de Lisboa.

Por tanto, el Ombudsman acusa a la Comisión Europea de mala administración y anima al ejecutivo comunitario a publicar los documentos de sus consultas públicas en los 23 idiomas de la UE o a proporcionar traducciones previa solicitud.

La Comisión ya ha rechazado esa recomendación. Aduce que el principio de multilingüismo está condicionado por las limitaciones de tiempo y por los recursos económicos. Para Bruselas, los ciudadanos no tienen un derecho legalmente establecido de acceder a los documentos de consulta en todos los idiomas de la UE.