El comercio a través de Internet se consolida y crece a nivel nacional, pero se estanca entre países de la Unión Europea. La causa parece estar más que en la desconfianza de los consumidores, en las complicaciones legales de los comerciantes para servir sus productos.
La Comisión europea ha realizado una prueba en línea para comprobar las dificultades de comprar por Internet entre Estados de la Unión. Se hicieron 11.000 peticiones de productos de uso habitual, como cámaras fotográficas, discos o libros. Se pudo comprobar que las diferencias de precios llegaban al 10 %, incluidos los gastos de transporte, y que el consumidor podía encontrar productos en sitios web de otro país que no existían en el suyo.
Sin embargo, el 61 % de las compras no se materializaron. En la mayoría de los casos, el comerciante no quiso servir la mercancía en el país de residencia del comprador o no tenía los medios adecuados de pago transfronterizo.
El mercado europeo de comercio electrónico supera los 100.000 millones de euros y la Comisión cree que tiene un gran potencial de crecimiento. Se ha podido comprobar que comprar o vender en otro idioma no supone problema para consumidores ni distribuidores.
La comisaria europea de Consumo, Meglena Kuneva dice que «los consumidores están a un clic de ratón de hallar oportunidades más ventajosas y una mayor gama de productos en nuestro amplio mercado europeo. Pero, en realidad, los consumidores están limitados en gran medida por sus fronteras nacionales. Al consumidor europeo se le está denegando una elección mejor y más ventajosa. Se merecen algo mejor. Debemos simplificar el laberinto jurídico que impide a los comerciantes en línea ofrecer sus mercancías en otros países».
La Comisión ve la solución en sustituir el «confuso mosaico de leyes actual» por un único paquete de derechos que ofrezca la misma protección a los consumidores en toda la UE y en coordinar la vigilancia sobre prácticas ilegales.
Para los distribuidores, se considera imprescindible simplificar las normas transfronterizas. Los comerciantes deben tratar con varias autoridades fiscales y aplicar distintas normativas, según el país. Éstas son las recomendaciones, ahora toca actuar a los Estados. euroXpress