NACIONES UNIDAS, (IPS) Desde el 27 de este mes al 9 de marzo, ministros y delegados de la sociedad civil se reunirán en la sede de la Organización de las Naciones Unidas con motivo de la sesión 56 de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer (CEM).

La reunión de este año es especialmente importante porque deberá evaluar hasta qué punto los gobiernos han cumplido las promesas que hicieron en la sesión 52, que tuvo lugar en 2008, para estimular la financiación destinado a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Stephanie Seguino, participará en los debates de la CEM como integrante de un panel sobre experiencias nacionales en la puesta en práctica de los acuerdos de 2008.

Hemos hablado con Seguino sobre cómo está afectando la actual crisis económica a las mujeres, y sobre el papel que los gobiernos tienen en la elaboración de políticas que promuevan no solo la igualdad sino también un desarrollo sostenible para toda la sociedad.

Los bajos salarios y el desempleo de las mujeres son un problema persistente en todo el mundo desde mucho antes de la actual crisis financiera. ¿Cómo se pueden afrontar estos temas desde la igualdad de género ?

Stephanie Seguino- Algunos de los problemas de menores salarios y desempleo de las mujeres pueden tratarse utilizando una perspectiva de género al abordar los gastos públicos, así como las políticas no discriminatorias. Claramente son clave, las políticas que promueven la educación de las niñas.

Sin embargo, más que eso, las políticas destinadas a reducir la carga que representa para las mujeres los cuidados de otras personas y para promover la participación de los hombres en las tareas de cuidado sin remuneración -como el permiso de paternidad- dejan tiempo libre a las mujeres para realizar trabajos remunerados.

También las inversiones públicas en infraestructuras, que mejoran el acceso de las mujeres a la atención a la salud -clínicas rurales, personal cualificado- y reducen el tiempo que pasan yendo a buscar agua y combustible, o trasladando productos al mercado, les ayudan a participar en actividades productivas.

Los programas de capacitación dirigidos a mujeres, especialmente para puestos «masculinos» no tradicionales, son importantes. En las economías agrícolas, los gobiernos pueden ofrecer garantías de préstamos en lugares en los que las mujeres carecen de títulos de propiedad sobre la tierra a fin de facilitar su acceso a los créditos.

aunque estas medidas siguen siendo insuficientes para combatir la desigualdad salarial. Los gobiernos tienen que desarrollar y aplicar firmemente una legislación antidiscriminación, y programas de acción positivaa. Los gobiernos pueden servir de ejemplo garantizando que un mínimo de puestos de liderazgo sean ocupados por mujeres; un 30 por ciento o más.

La Declaración del CEM de 2008 expresó su preocupación por «la creciente feminización de la pobreza». ¿Es esto una tendencia con probabilidades de continuar en el futuro cercano?

SS: Las fuerzas de la globalización continúan presionando a la baja los salarios de los trabajadores, lo que hace ajustar que se ajusten los presupuestos del sector público (a causa de la menor carga tributaria corporativa y de las reducciones de los cobros arancelarios).

Como consecuencia, es probable que a las mujeres les vaya mal, especialmente en el contexto de un alto desempleo. Esto se debe a que se tiende a considerar que los hombres se merecen más los puestos laborales cuando estos escasean.

Mientras no resolvamos estas presiones macroeconómicas negativas que enlentecen el crecimiento y causan escasez de empleo y mayor desigualdad, será difícil resolver el problema de la pobreza de las mujeres y de los niños y niñas que tienen a su cargo.

Usted escribió que «esta crisis brinda la oportunidad de repensar el rol del gobierno en la economía». ¿Puede explicar brevemente esa idea?

SS: Esta crisis tiene sus raíces en la desregulación mundial de las economías, que conduce a fracasos del mercado y al aumento de la desigualdad, junto con una mayor inseguridad económica. Las empresas buscan sus ganancias a menudo a expensas del bienestar común. No se trata de condenar a las corporaciones por su comportamiento. Las firmas buscan maximizar sus ganancias en el contexto de normas sociales que regulan sus acciones.

Esto plantea dos desafíos para los gobiernos. Primero, deben identificar y aplicar una serie de normas y regulaciones que sean suficientemente flexibles para permitir a las empresas innovar, al tiempo que se les exija que alineen sus objetivos de lucro con el bienestar social. Para dar un ejemplo, las firmas intentan reducir sus costos para elevar las ganancias.

Eso lo pueden hacer bajando los salarios o innovando, y por lo tanto elevando su productividad. Su opción sobre qué camino de reducción de costos vaya a tomar dependerá de la serie de incentivos que los gobiernos determinen. Si un gobierno fija e impone un salario mínimo, las empresas se verán obligadas a innovar para poder competir, lo que es bueno para la empresa, los trabajadores y la sociedad en su conjunto.

Segundo, los gobiernos tienen un rol importante que desempeñar a la hora de invertir en áreas clave para atraer en tropel las inversiones privadas. Por ejemplo, las inversiones en infraestructuras y educación son buenas para los negocios porque reducen sus costos. También son buenas para toda la ciudadanía. El desafío es abordar cuidadosamente esos gastos, a fin de que logren estimular las inversiones empresariales que conduzcan a mayores ingresos.

Un desafío relacionado es identificar las inversiones que permiten un abordaje de género. Como señalé antes, hay parte del gasto público que antes se pensaba como bienestar social, y que en realidad es una inversión en infraestructura social, por ejemplo en educación, salud y programas de transferencia condicionada de efectivo.

Son inversiones porque mejoran la capacidad productiva de la economía, generando una corriente de beneficios a futuro, que pueden usarse para pagar la deuda derivada de financiar estos gastos. El concepto de infraestructura social no está bien desarrollado. Es un concepto importante y una vía importante para promover la igualdad de género de forma financieramente sostenible.