Su muerte y la de otros tres dirigentes de la zona, la atribuyen sus familiares a los taladores ilegales por lo que exigieron este viernes en las instalaciones de la COP 20 la titularización de sus tierras.

Al igual que los asháninkas, la demanda indígena global en la conferencia anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se centra en el reconocimiento de sus territorios, y con ello la protección de los bosques y el respeto de los conocimientos ancestrales y derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Cerca de 100 millones de hectáreas faltan por titularizar en los ocho países de la Amazonía sudamericana, según datos de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Mientras que en Perú, desde donde claman su dolor las viudas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, aún hay 663 comunidades nativas sin títulos de propiedad, de acuerdo con el no gubernamental Instituto del Bien Común.

La demanda de titulación de tierras está relacionada con la implementación de los proyectos y programas del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) para países del Sur en desarrollo. En los acuerdos adoptados en la COP 16, realizada en el balneario mexicano de Cancún en 2010, precisamente se incluyeron salvaguardas para evitar daños sociales o ambientales en los territorios indígenas donde se desarrolla la REDD.

En la actual de Lima, las organizaciones indígenas exigen que los Estados parte incluyan en los informes sobre las salvaguardas que deben presentar ante la CMNUCC, indicadores sobre biodiversidad, la salud de los pueblos, la titulación de tierras, los saberes ancestrales, entre otros aspectos, indicó Grace Balawag, del pueblo kankanaey de Filipinas.

Esos indicadores y otros permitirán medir la participación plena de los pueblos originarios en la mitigación del calentamiento planetario, dice la vicepresidenta de la Alianza Global de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible.

Balawag pide junto a otros compañeros nativos que los pueblos indígenas se incorporen a los sistemas nacionales de seguimiento forestal, ya que han demostrado ser capaces de conservar sus tierras gracias a sus saberes ancestrales. La Alianza participa desde 2009 en las conferencias internacionales sobre el tema e incluye a 17 organizaciones indígenas de 13 países de África, América Latina y Asia, que afrontan diversas amenazas sobre sus territorios.

En algunos casos, las comunidades indígenas sufren el impacto de las actividades extractivas como la minería o el petróleo, nos explica la portavoz del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, Tarcila Rivera.

Mientras, en otros, los pueblos originarios deben hacer frente incluso a actividades ilícitas que ponen en riesgo la vida de sus poblaciones, explica la también presidenta del Centro de Culturales Indígenas del Perú (Chirapaq).

Más del 93 por ciento de las actividades de minería, petróleo, gas, explotación forestal y agricultura se encuentra en territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades locales en ocho países con bosques tropicales, según una investigación de la consultora Proyecto Muden para la Iniciativa Derechos y Recursos. Los países estudiados fueron Brasil, Camboya, Colombia, Filipinas, Indonesia, Liberia, Mozambique y Perú, según el estudio publicado en octubre.

Tales amenazas están relacionadas con el número de asesinatos en el mundo de líderes indígenas que lucharon por la protección del medioambiente y la tierra. Entre 2002 y 2013, se produjeron 908 asesinatos de activistas en el mundo, según el informe Deadly Environment (Medioambiente Mortal), difundido este año por la organización Global Witness.

Brasil ha sido el lugar más peligroso, porque allí murieron 448 del total, seguido por Honduras, con 109 muertes y Filipinas con 67.

Aunque el reconocimiento de los territorios indígenas es una demanda global, existen diversas modalidades y estrategias que plantean estos pueblos, detalla Balawag. En algunos países se pide la titulación de tierras como en el caso peruano, en otros la delimitación de los terrenos ancestralmente reconocidos como en Filipinas y también hay casos en los que se exige que se cumplan acuerdos suscritos con los Estados por disputas territoriales, como sucede en Bangladesh.

«Si la tierra no está titulada y se llega a implementar un programa de REDD, ¿cómo podremos recibir los beneficios? Esto está relacionado con los beneficios, pero también con nuestra supervivencia. Incluso nos podrían desalojar los gobiernos y las corporaciones privadas», señala Mrinal Tripura, de la organización Maleya Foundation de Bangladesh. Tripura nos asegura que el gobierno de su país no reconoce el sistema tradicional de los indígenas de su país, y que no se sienten representados en las negociaciones de la COP en Lima.

Las reclamaciones también vienen desde África. «Los pueblos indígenas somos la tierra, pero el Estado no ha respetado la forma tradicional en que la hemos manejado. Así que la titulación es la única estrategia que nos queda para que se respeten nuestros territorios», asegura el maasai Stanley Kimaren Riamit, director ejecutivo de Indigenous Livelihoods Enhancement Partners.

«Los inversionistas del carbono están interesados en que antes de invertir en REDD se tenga claridad sobre la propiedad de los territorios, porque los árboles crecen en la tierra y la tierra le pertenece a alguien», dice el activista de Kenia.

Es un razonamiento que parece simple pero que resulta una verdad incómoda para varios Estados, en las negociaciones de la COP 20.