Ser ciudadano maltés tiene un precio, concretamente 649.457 euros. El gobierno de este pequeño país insular situado en el corazón del Mar Mediterráneo y adherido a la Unión Europea en 2004, ha mostrado un especial interés en querer poner en venta la ciudadanía del país para todo aquel que quiera y pueda comprarla.

Una iniciativa que ya ha suscitado una fuerte controversia entre sus habitantes y que será tratada por el Parlamento Europeo en un debate el próximo 15 de enero de 2014. Si fuera aprobada, podría sentar un precedente cara a otros países de la UE que con medidas similares, busquen incentivar su economía.

De momento, el gobierno ha aceptado suspender la implementación de la ley así como revisar sus requisitos y esperará a que la UE se pronuncie formalmente el próximo mes de enero. El gobierno maltés defiende su idea alegando que «no es una venta al mostrador de la ciudadanía», según palabras de Kurt Farrugia, encargado de comunicación del gobierno, tan solo una iniciativa para buscar la llegada de «individuos influyentes».

Farrugia además ha declarado a la cadena de televisión CNN, que no solo bastaría con pagar dicha cantidad de dinero para obtener la ciudadanía, sino que «los solicitantes tendrán que atravesar un proceso de revisión (...) aún estamos discutiendo los detalles y regulaciones, podría haber cambios».

Malta, que ya posee un acuerdo de exención de visados con 163 países del mundo, completa su propuesta explicando que los ciudadanos que paguen dicha cantidad, no tendrán que residir en el país necesariamente. Mientras, la UE mira con lupa esta ley ya que adquirir dicha ciudadanía significaría convertirse ipso facto en ciudadano de la Unión, pudiendo elegir también otro de los 28 estados miembros para futuros traslados.

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ha salido en defensa de esta ley de compra de ciudadanía maltesa, señalando que esta iniciativa daría al país unos ingresos de 30 millones de dólares cada año, ayudaría a reducir el déficit y atraería inversores.

Henley & Partners, empresa especializada en inmigración internacional y leyes de ciudadanía, ha sido la elegida por el gobierno para gestionar este tema si siguiera adelante, «una vez que la ley fuera aprobada, cada candidato pasaría obligatoriamente por una revisión de su historial con información de la CIA, FBI y la policía británica», según fuentes de la compañía.

Las condenas penales o los problemas con el fisco en el país de origen, serían alguno de los aspectos que frenarían la opción de los candidatos a convertirse en nuevos ciudadanos de Malta. Desde la solicitud hasta la aprobación de la candidatura, se estima que pasarían unos seis meses.