La Ley de Indulto Conmutativo impulsada por el gobierno conservdor de Sebastián Piñera, pero aprobada por unanimidad en agosto, forma parte de un grupo de normas orientadas al desarrollo de la denominada Nueva Política Penitenciaria para Chile, que busca mejorar la situación carcelaria.

En Chile, con poco más de 16,5 millones de habitantes, hay unas 100.000 personas con condena firme o procesos aún abiertos, sujetas según el caso a régimen penal cerrado, alojadas en los Centros de Educación y Trabajo, en libertad vigilada o que solo están tras las rejas de noche o los fines de semana. Datos del departamento de Instituciones Penitenciarias indican que el 30 de septiembre había 48.658 personas recluidas en sistema cerrado de prisión, es decir permanente, mientras que la capacidad total de las 103 cárceles del país solo alcanza a 33.822 plazas. Los establecimientos son del Estado y los administra en su gran mayoría, salvo en el caso de seis de ellos que que tienen una concesión privada, tanto para su construcción como en la gestión, pero cuya seguridad sigue a cargo de Gendarmería.

La nueva política carcelaria comenzó a diseñarse tras el incendio del 8 de diciembre de 2010 en la prisión santiaguina de San Miguel, donde murieron 81 de los 1.875 reclusos que tenía entonces, pese a que su capacidad permitía albergar a solo 632.

En el país andino cumplen actualmente prisión unos 1.700 extranjeros, de 28 nacionalidades distintas, 1.117 han pedido beneficiarse del indulto conmutativo. De momento se lo han concedido a unos 750. El proceso comenzó en agosto con la repatriación de 256 condenadas y condenados peruanos.

El exembajador de Perú en ese país, Carlos Pareja, ha explicado que su país está satisfecho de estos resultados porque «es una expresión de la colaboración estrecha entre los gobiernos de Perú y de Chile en diversas materias, y también es un reflejo del buen estado de las relaciones bilaterales».

Le siguieron 322 hombres y 106 mujeres bolivianas, que fueron trasladados desde tres penales diferentes hasta la frontera entre ambos países en 14 autobuses en un solo día. En su tercera etapa se enviaron a su país a 22 argentinos a través del paso fronterizo Los Libertadores, entre ellos, la única mujer del grupo junto a su hijo de dos años.

David Huina, jefe de la División de Investigaciones y coordinador del Ministerio del Interior, ha dicho que «quedan más de 40 beneficiados a la espera de recibir el indulto en esta etapa, entre ellos alemanes, brasileños, colombianos, españoles, filipinos, israelíes, italianos, paraguayos, sudafricanos y venezolanos». «Para obtener el indulto, los reos deben haber cumplido con una serie de requisitos, como no haber cometido delitos de gravedad tales como violaciones a los derechos humanos, homicidio, robo con homicidio, parricidios, delitos sexuales contra menores y violación con homicidio».

Huina añade que los beneficiados «deben tener cumplido un cierto período de la pena y mantener muy buena conducta en el interior del recinto penitenciario». La normativa establece que una vez acogidos a la ley, no podrán volver a Chile en los próximos 10 años.

Una vez que regresan a sus lugares de origen, los indultados reciben un nuevo documento nacional de identidad y quedan en libertad. Sin embargo, los que tengan causas pendientes con la justicia en su país deberán ser juzgados y, en caso de ser condenados, regresar tras las rejas.

Huina precisa que, para coordinar estos casos, se presentó una lista a cada consulado con los nombres de las personas que habían sido beneficiadas. «Cada país revisó los antecedentes y aquellos que tenían órdenes de captura fueron enviados en un grupo aparte».

El funcionario enfatiza que se trata de «una ley nacional, que otorga un beneficio de carácter humanitario». Por lo tanto, el indulto no está vinculado a tratados bilaterales. Según datos del Ministerio de Justicia, más de 95 por ciento de los extranjeros que se han visto beneficiados por esta ley son personas que entrado en el país con estupefacientes, que han cumplido un tercio, la mitad o tres cuartas partes de la condena.

La ley de Indulto Conmutativo en general no tiene críticos en cuanto a su intención de origen, principalmente porque apunta a mitigar las condiciones inhumanas en las que viven los internos del país. Sin embargo, a preocupan las condiciones en las que se otorga y la lógica que hay detrás en relación con la inmigración. «Cuando uno comete un delito lo paga con cárcel, pero si además te obligan a no regresar al país, o el retorno se debe hacer enfrentando consecuencias súper severas, se vuelve difícil», según opina la socióloga Carolina Stefoni, experta en Migración y Transnacionalismo de la Universidad Alberto Hurtado. A esto, añade, se suma «que el gobierno tiene una idea de no dejar entrar en el país a las personas que tienen problemas con la justicia, lo que me parece muy discriminatorio».

El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, afirma que «en el caso de los extranjeros que son ilegales y que han cometido delitos en Chile, está claro que los vamos a expulsar una vez que cumplan su condena». A juicio de Stefoni, detrás de estas medidas hay también un problema cultural que se encuentra arraigado en Chile y que se ve reflejado en las carencias de la política migratoria. «La ley actual de migraciones no está fundada en principios de derechos humanos, y la discriminación es consecuencia de eso», señala la experta.

Para Carolina Stefoni «en términos culturales, los chilenos tenemos que aprender mucho, nos queda un largo camino para entender que el país incorpora, tiene, mantiene, reproduce, una serie de diversidades sociales, no solamente migratorias sino de todo tipo, y que tenemos que saber que esa diversidad es una riqueza para el país».