La Comisión Europea ha ampliado hoy las investigaciones para comprobar si el nuevo régimen fiscal gibraltareño favorece a algunas compañías a la hora de pagar el Impuesto de sociedades «contrarias a la normativa» comunitaria.

Infineon, Philips, Samsung y Renesas (en el momento una empresa conjunta de Hitachi y Mitshubishi) por fijar los precios de los chips de tarjetas SIM de teléfonos móviles y otros aparatos en el Espacio Económico Europeo violando las normas de la UE que prohíben los cárteles.

La Comisión Europea investiga si los precios de transferencia (impuestos que pagan las empresas por transacciones entre filiales) por parte de Irlanda (Apple), Holanda (Starbucks) y Luxemburgo (Fiat) favorecieron especialmente a las multinacionales. Los países y las empresas lo niegan. El Embajador de Irlanda en Madrid ha dicho que su Gobierno no ha cometido ninguna infracción y que «defenderá esta postura con vigor».

Después de tres años de tira y afloja el comisario de competencia, Joaquín Almunia ha aceptado la última oferta del gigante norteamericano Google que pondrá enlaces a buscadores de la competencia en su página y evitará así una multa de hasta el 10 por ciento de los ingresos que obtuvo en 2012.

El presidente de Panamá, Ricardo Marinelli, ha exigido al consorcio GUPC, formado por empresas europeas y liderada por la española Sacyr, que cumpla el contrato de las obras de ampliación del canal de Panamá.

Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna serán investigados por recibir privilegios fiscales, así como la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid y los avales para préstamos que el Instituto Valenciano de Finanzas concedió al Valencia, al Hércules y al Elche. Las ayudas no fueron notificadas a la Comisión que ha abierto la investigación después de recibir varias denuncias.

Telefónica cobra en España a otros operadores por utilizar su red para dar servicios de banda ancha a los consumidores. A juicio de la Comisión Europea el precio que ha fijado es abusivo, más del 50 por ciento de los costes, por esa razón pide al organismo español que regula las telecomunicaciones que retire o rebaje la propuesta de Telefónica para que se adapte a la normativa europea.