El Europarlamento ha dado luz verde al acuerdo alcanzado ya por los 27 Estados de la UE para endurecer las penas para los traficantes de seres humanos y reforzar la protección de las víctimas. 643 eurodiputados han votado a favor; 10, en contra y 14 se han abstenido.

La directiva aprobada en Estrasburgo amplía la definición de explotación a la prostitución, los trabajos forzados, la mendicidad, la extracción de órganos, la adopción ilegal o los matrimonios forzados e incluye también la explotación laboral en sectores como la construcción, la agricultura o el servicio doméstico.

En toda la UE, estos delitos serán castigados con una pena mínima de cinco años de prisión, que se ampliarán a diez en los casos más graves, cuando se trate de niños, crimen organizado o se ponga en peligro la vida de la víctima. Si los autores del delito forman una organización, las sanciones incluirán también la exclusión de ayudas públicas, inhabilitación temporal o retirada de licencia comercial.

La nueva norma obliga a los Estados a prestar asistencia y apoyo a las víctimas, antes, durante y después de los procedimientos judiciales. Según datos de la UE, cientos de miles de personas son víctimas de esos delitos en la Unión Europea, un 43 % de ellas son explotadas en la prostitución, pero también el 32% lo son en el servicio doméstico.

Los Estados tienen dos años a partir de ahora para adaptar sus legislaciones nacionales a la nueva directiva.