El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, acompañado del vicepresidente primero de la Corporación, Joaquín Caraballo, ha participado este lunes 2 de diciembre, en el acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en apoyo a la campaña savecanarias.org contra las prospecciones petrolíferas anunciadas por la compañía Repsol, a la que más de 40 instituciones y organizaciones que se oponen a las prospecciones petrolíferas en Canarias han pedido públicamente, igual que al Gobierno de España, la suspensión inmediata y definitiva de este proyecto.

Al término del acto que ha constituido un rotundo éxito de convocatoria, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, destacó que «ha quedado demostrado que este conflicto no obedece a un enfrentamiento político porque nunca una causa en Canarias ha contado con el respaldo de un espectro social tan amplio». Entre los asistentes al acto, también hubo representantes de distintas fuerzas políticas del archipiélago entre las que San Ginés echó de menos «a los representantes del Partido Popular canario».

El evento también ha contado con la asistencia del presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias, de consejeros del Ejecutivo autonómico y de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, así como máximos representantes de las 5 ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF y otras organizaciones como la Fundación Oceana, Casa Saramago, Fundación César Manrique, Plataforma por un nuevo modelo energético, Fundación Renovables, Confederación de Los Verdes en España, EQUO, los sindicatos UGT y CCOO, instituciones científicas marinas, pescadores canarios, colectivos sociales y ciudadanos de Canarias, Baleares y de otras comunidades autónomas.

El acto, que contó con la lectura de un manifiesto a cargo de la actriz Pilar Bardem y el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, estuvo motivado por el reciente anuncio del presidente de Repsol, Antonio Brufau, confirmando el inicio de perforaciones sobre fondos marinos de Canarias a partir de mayo de 2014, lo que ha provocado la respuesta unánime de decenas de administraciones canarias, al menos quince formaciones políticas de toda España y más de cincuenta fundaciones, entidades científicas, colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales presentes en más de 200 países. Los responsables de la acción anuncian el inicio de una intensa campaña en los cinco continentes contra el proyecto de la petrolera a través de la web «www.savecanarias.org», pero también contra el modelo energético del Ejecutivo español.

Para las entidades que denuncian a Repsol, a la alemana RWE Dea Enery y la australiana Woodside por las prospecciones en Canarias, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo actúa en clara connivencia para que prevalezcan los intereses de las grandes corporaciones petroleras sobre los de la ciudadanía española en general y la canaria en particular. Una clara prueba de este vínculo se evidencia en la actual política energética del gobierno español, impulsando proyectos mineros muy cuestionados por sus efectos en todo el territorio nacional y prospecciones en mar abierto que amenazan la industria turística y el medio natural de las Islas Canarias y del mediterráneo español.

Este modelo político beneficia a las grandes multinacionales petroleras mientras cercena el imprescindible desarrollo de energías renovables, y ha situado a España en un lugar de claro descrédito internacional por retroceder de una posición de liderazgo mundial a las postrimerías de una industria que acusa fuertes pérdidas económicas, decenas de miles de puestos de trabajo destruidos, y una pérdida de confianza en el sector que aleja el horizonte de inversiones extranjeras en nuestro país.

Las perforaciones contempladas en Canarias, aún pendientes de autorización por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se sitúan en una superficie de más de 600.000 hectáreas distante solo 9,7 kilómetros de las principales playas de Fuerteventura y 18 kilómetros del litoral turístico de Lanzarote, en profundidades consideradas de alto riesgo (1.500 metros de lámina de agua y más de 6.000 metros bajo el lecho marino) y sobre una placa que registra frecuente actividad sísmica. El pasado 11 de junio, de madrugada, un temblor de magnitud 3,7 en la escala Richter fue sentido en distintas poblaciones costeras de Lanzarote y Fuerteventura; la región oceánica canaria ha registrado centenares de temblores en los últimos años, superando en ocasiones los 4,5 grados de intensidad y reforzando las tesis de los opositores al proyecto petrolífero por entender que los terremotos se suman a los restantes factores de riesgo que entrañan estas perforaciones.

El proyecto de Repsol en Canarias causa honda preocupación dentro y fuera del archipiélago por diferentes motivos. En primer lugar, la petrolera mantiene una actitud de desafío a las instituciones y de imposición de su proyecto a pesar de ser perfectamente consciente del profundo rechazo social que éste genera en las islas desde hace más de 12 años, especialmente tras ser suspendido en 2004 por el Tribunal Supremo a causa de un recurso presentado en 2002 por el Cabildo de Lanzarote. En la actualidad, los gobiernos insulares de Lanzarote y Fuerteventura, además del Parlamento y el Gobierno de Canarias, rechazan frontalmente la imposición de las prospecciones, pero la multinacional responde incrementando la presión mediática y exponiendo argumentos que, uno tras otro y de manera sucesiva en el último año y medio, han sido desmentidos por las entidades que lideran la campaña. Pero la alarma no ha saltado sólo en el seno de las instituciones públicas o entidades sociales y científicas, también las patronales turísticas más importantes de Europa han reaccionado ante las prospecciones de Repsol.

Además de TUI, el principal operador turístico europeo, las federaciones de operadores turísticos y agencias de viaje responsables del 80% de los más de 10 millones de turistas que cada año visitan Canarias como destino vacacional (Noruega, Estonia, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca y Suecia), han trasladado su preocupación al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por entender que el proyecto de Repsol entraña un elevado riesgo que pone en serio riesgo los intereses turísticos y el futuro del sector en las islas. Avisan que, de comenzarse las operaciones frente a las islas e incluso sin producirse derrames, el flujo de turistas centroeuropeos podría desviarse hacia otros destinos de la competencia.

Con la actual tasa de paro en Canarias, una de las más altas de Europa por superar el 35%, el impacto socioeconómico por una simple alerta pública de contaminación en el archipiélago podría resultar catastrófica para decenas de miles de familias. En otro contexto, también el sector pesquero artesanal de las islas ha mostrado su oposición abrumadora a la petrolera por entender que afecta directamente sus intereses y sus recursos naturales, tal y como avalan además diferentes informes científicos elaborados por profesores, técnicos y catedráticos de universidades canarias.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por Repsol, plagado de deficiencias informativas y expuesto a información pública por el Ministerio de Industria el pasado 1 de agosto, en pleno verano, reconoce la probabilidad de derrames con consecuencias desastrosas en las islas. El documento de síntesis elaborado en julio de 2013 por la petrolera denominado «Sondeos Exploratorios marinos en Canarias» refleja literalmente: «En resumen, considerando la probabilidad de un «peor caso» con consecuencias desastrosas, y la probabilidad asociada a un peor escenario de «blowout» para el proyecto de Canarias, se considera que el riesgo ambiental y social de un derrame de blowout en la costa de consecuencias desastrosas, y en ausencia de medidas preventivas y correctoras, es medio» (pág. 23; se anexa al comunicado mapa de probabilidad de proyección física y temporal de vertido sobre las islas, elaborado por la propia compañía –DOC1).

El reconocimiento implícito del riesgo por parte de la petrolera resulta claramente inaceptable incluso si se tratase de una posibilidad remota, como afirma la multinacional en su defensa, pero también contradice al propio presidente de Repsol quien, de manera absolutamente irresponsable como máximo representante de la petrolera, afirmó el pasado día 14 de noviembre que él «no contempla accidentes, si los contemplara se dedicaría a construir hoteles». Estas afirmaciones constituyen un insulto y una falta de responsabilidad inaceptable hacia la población canaria y su futuro, ya que si el máximo responsable de Repsol no reconoce la posibilidad de derrames, difícilmente podrán evitarse cuando sucedan, y en la vida real suceden.

Las estadísticas demuestran que las fugas, y también las grandes mareas negras causadas por accidentes catastróficos, se registran en distintos niveles y frecuencias en todos los mares del mundo donde operan las plataformas extractivas, en todos. De hecho, Repsol ha registrado 6.985 vertidos en sus instalaciones solo entre los años 2006 y 2010, y en el presente 2013 ha sufrido derrames al medio natural en explotaciones de Alaska, Perú, y fue recientemente sancionada por la Generalitat de Catalunya con 500.000 euros por un vertido en Tarragona. Es importante señalar que una contaminación del entorno costero podría ocasionar el colapso de la producción de agua potable para la población de las islas, al depender al 100% de la desalación de agua del mar.

La campaña contra los planes de la petrolera en Canarias ha demostrado que los beneficios fundamentales de la explotación, en caso de hallarse depósitos de crudo, repercutirán directa y exclusivamente sobre Repsol y sobre las dos petroleras del consorcio, no para Canarias ni para el conjunto del Estado. Desmintiendo las afirmaciones del ministro Soria, quien ha declarado en infinidad de ocasiones que «el petróleo sería la salvación de Canarias», el Gobierno de España reconoce que no existen connotaciones fiscales excepcionales dirigidas a Canarias o a otra parte del Estado (Ver DOC2 anexo, pregunta escrita presentada por Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados -6 de mayo- y respuesta del Gobierno el 11 de septiembre). En la misma pregunta, el Gobierno de España responde en blanco a la cuestión del empleo, ya que tanto Repsol como el ministro Soria vienen afirmando que podrían crear hasta 50.000 empleos, para pasar después a 5.000 y, sobre esta cifra, tampoco han explicado en modo alguno cómo los materializarían.

Concluyendo, Canarias no puede aceptar en modo alguno las perforaciones marinas por atentar primero contra los principios democráticos más fundamentales de su población al imponer su proyecto mediante informaciones que no se ajustan a la realidad, adaptadas a sus intereses exclusivos y apoyadas con la clara connivencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En segundo término, los riesgos que entraña para el presente y el futuro de su población son inasumibles y completamente innecesarios. Cualquier iniciativa de desarrollo que se implemente en las Islas para la obtención y generación de energía debe ser planteada en términos de sostenibilidad, de generación real de empleo y de lucha contra el cambio climático, y ese desarrollo tiene un nombre: energías renovables. Por todo ello, las instituciones públicas y privadas que respaldan y promueven la campaña contra las prospecciones de Repsol reclaman el cese inmediato de todas las operaciones de prospección en Canarias y la retirada definitiva del proyecto, además de exigir un cambio de rumbo urgente en el modelo energético para promover con urgencia el desarrollo de energías renovables.

«savecanarias.org» se lanza como una de las principales herramientas internacionales de la campaña contra Repsol. Configurada en decenas de idiomas para su difusión mundial, la web ha logrado más de 28.000 firmas antes de su presentación pública, está respaldada por administraciones públicas canarias, fuerzas sociales y políticas, organismos científicos y decenas de ONG ́s presentes en cinco continentes.