«Canadá se comprometió a aplicar un marco voluntario de responsabilidad social empresarial, pero este no proporciona ningún recurso a las personas que se han visto perjudicadas por las operaciones mineras canadienses», afirma Jennifer Moore, coordinadora del programa de América Latina de la organización no gubernamental (ONG) MiningWatch Canada.

«Buscamos el acceso a los tribunales, pero también que el Estado canadiense tome medidas preventivas para evitar estos problemas en primer lugar. Por ejemplo, una oficina independiente que tenga la facultad de investigar las denuncias de abusos en otros países», explica.

Moore y otros que ha hablado ante la CIDH presentaron formalmente un informe que describe las inquietudes de cerca de 30 ONG e hizo varias recomendaciones, durante la audiencia del martes 28, dentro de su 153 periodo de sesiones, que se desarrolla entre el 23 de este mes y el 7 de noviembre.

Estos grupos presionan desde hace años para que Ottawa garantice una mayor responsabilidad del sector minero, con el respaldo de recomendaciones similares procedentes de una comisión parlamentaria, en 2005, y de la Organización de las Naciones Unidas, agrega Moore.

«No ha habido ninguna novedad en la última década... El gobierno canadiense se niega a aplicar las recomendaciones», subraya la activista. «La respuesta del Estado hasta la fecha ha sido la de reforzar firmemente este marco voluntario que no funciona, y eso es lo que le escuchamos una vez más en esta audiencia», asegura.

Canadá, que tiene uno de los mayores sectores mineros del mundo, posee unos 1.500 proyectos extractivos en América Latina, equivalentes a más del 40 por ciento de las empresas mineras en la región que reciben «un alto grado» de apoyo de Ottawa, según el informe.

«Al menos 50 personas han muerto y 300 resultaron heridas en el marco de los conflictos mineros con empresas canadienses en los últimos años, ante los cuales ha habido poca o ninguna rendición de cuentas», destacaba este martes Shin Imai, un abogado de la ONG canadiense Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa.

Entre las denuncias contra el sector minero figuran muertes, lesiones, violaciones y otros abusos atribuidos al personal de seguridad que trabaja para las empresas canadienses, así como políticas empresariales que provocan daño ambiental a largo plazo, el desplazamiento ilegal de las poblaciones locales y la subversión del proceso democrático.

La responsabilidad del Estado de residencia

La CIDH, con sede en Washington, forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), integrada por 35 países miembros y uno de los organismos multilaterales más antiguos del mundo.

En la audiencia de esta semana la CIDH trató por primera vez el polémico asunto de la responsabilidad del «Estado de residencia», o sea, si las empresas pueden ser procesadas ​​en su país de origen por acciones realizadas en el extranjero.

«Esta audienciaha sido vanguardista. Aunque la CIDH ha sido una de las aliadas más importantes de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en América Latina, es un poco prudente cuando se enfrenta a temas o desafíos jurídicos nuevos», opina Katya Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso, una organización de defensa jurídica con sede en Washington.

La responsabilidad del Estado de residencia es cada vez más controvertida, gracias a la globalización de las empresas y las cadenas de suministro. Las firmas radicadas en los países ricos, que tienen regímenes jurídicos relativamente sólidos, operan cada vez más en el Sur en desarrollo, a menudo con sistemas legales más débiles.

El sector extractivo es un claro ejemplo de esta situación, y en los últimos 20 años ha experimentado uno de los mayores niveles de conflicto con las poblaciones locales de cualquier industria. Parte del problema yace en la vaguedad en torno a la cuestión del alcance «extraterritorial» de la legislación nacional.

«Con demasiada frecuencia, las empresas extractivas se comportan como si tuvieran un doble discurso, uno para el país de origen y otro para el exterior», afirma Alex Blair, de la organización humanitaria Oxfam America. «Piensan que pueden aprovecharse de la debilidad de las leyes, la supervisión y las instituciones locales para operar como quieran en los países en desarrollo», dice.

Blair observa que existe una tendencia creciente de las comunidades locales e indígenas en recurrir al exterior para exigir la responsabilidad de las empresas. Pero eso es sumamente complejo y costoso, ya que la vía legal en muchos países del Norte industrializado sigue siendo limitada.

Más allá de lo legalista

En la audiencia ante la CIDH, el gobierno de Canadá afirmó que tiene «uno de los marcos legales y regulatorios más fuertes del mundo hacia sus industrias extractivas».

Canadá formuló en 2009 una estrategia de responsabilidad corporativa voluntaria para el sector extractivo internacional del país. También cuenta con dos mecanismos extrajudiciales que pueden escuchar las quejas derivadas de los proyectos en el extranjero, aunque ninguno puede investigar denuncias, dar fallos o imponer medidas punitivas.

No obstante, la respuesta de Ottawa a las preocupaciones de los activistas consiste en argumentar que los problemas locales deben tratarse en un tribunal local y que, en la mayoría de los casos, Canadá no está legalmente obligado a exigir la responsabilidad de las actividades de sus empresas en el extranjero, declara Dana Cryderman, representante canadiense ante la OEA.

«Los países anfitriones de América Latina ofrecen vías legales y reglamentarias nacionales por las cuales las reclamaciones a las que hacen referencia los solicitantes pueden y deben ser abordadas», agregó ante la CIDH.

El argumento frustró a algunos de los comisionados de la CIDH, incluida su actual presidenta, Rose-Marie Antoine.

«A pesar de las seguridades de Canadá... nosotros en la comisión seguimos viendo una cantidad muy grave de violaciones a los derechos humanos que ocurren en la región como resultado de ciertos países, y Canadá es uno de los más importantes... así que estamos indagando las deficiencias de esas políticas», declaró Antoine después de la presentación de la delegación canadiense.

«Por un lado, Canadá, dice, 'sí, somos responsables y deseamos promover los derechos humanos'. Pero por el otro, se trata de una estrategia de lavarse las manos... Tenemos que ir más allá de lo legalista si realmente nos preocupan los derechos humanos», subrayó.

Antoine añade que la comisión se encuentra trabajando en un informe sobre las consecuencias que tiene la extracción de recursos naturales para las comunidades indígenas. El documento incluirá, por primera vez, un capítulo sobre el «muy delicado tema de la extraterritorialidad».