Esta campaña se combina con el reciente informe «El poder del lobby financiero», que pone de relieve el enorme control del sector financiero en la Unión Europea, en la que hay 1.700 lobistas, de 700 organizaciones diferentes, que tienen un acceso privilegiado a los responsables políticos de Bruselas.

Estos son los resultados del estudio del Corporate Europe Observatory (CEO), ÖGB Europabüro (la oficina en Bruselas de la Federación del Sindicato de Comercio de Austria) y EUROPA AK (la oficina en Bruselas de la Cámara de Trabajo de Austria).

Para Kenneth Haar de Corporate Europe Observatory «la crisis ha puesto de manifiesto la evidente necesidad de normas más estrictas en los mercados de capital». Pero, critica, las reformas han demostrado la dificultad que se presenta a la hora de ponerlas en marcha. El poder de los grupos de presión financieros para oponerse a las reformas se ha puesto en evidencia en cada batalla importante sobre la regulación financiera, desde el colapso de Lehman Brothers, en 2007.

Lo que asombra y resulta más preocupante, según el informe, es el desequilibrio que hay entre los grupos de presión del sector financiero y los relacionados con la sociedad civil, a lo que hay que añadir que la industria financiera también está presente en los comités consultivos oficiales de la Unión Europea, donde desempeñan un papel fundamental en la creación de nuevas normativas.

La proporción de la influencia de los grupos de presión es bastante desequilibrada: en 15 comités, sobre un total de 17, hay un claro predominio de los grupos de presión del sector financiero.

Las instituciones que han participado en este estudio destacan que «el informe trata de un problema muy grave, y el hecho de que el sector financiero esté tan presente en los comités de asesoramiento demuestra que la Comisión Europea considera que los representantes de la industria financiera tienen derecho a decidir la agenda política» .

Las organizaciones que regulan las actividades de cabildeo en Bruselas dicen que esa situación se debe a un problema «democrático importante» que debe afrontarse con rapidez, adoptando en primer lugar «reglas más transparentes» como convertir en obligatorio el registro, creado en 2008, para de que de esta forma se pueda tener una información fiable y detallada de todos los grupos de presión.

ALTER-EU cree que es imprescindible elaborar una legislación que delimite los conflictos de intereses entre los miembros de las instituciones europeas, especialmente la Comisión, que tanto ahora como en el pasado han tomado decisiones «cuestionables», a favor de los actores privados.

Lo que parece esencial, según el informe, es la necesidad de reformar el código de conducta de los comisarios y aumentar el tiempo que deben esperar para entrar a formar parte de grupos de presión u otros cargos pasando de los 18 meses actuales a 3 años, desde la conclusión de su mandato. Esto evitaría la sospecha de que pudieran haber obtenido estas responsabilidades profesionales, a cambio de posibles favores

Desde hace quince años, los grupos de presión invierten una media de 3.000 millones de euros al año en obtener beneficios políticos. Bruselas es hoy la segunda ciudad en el mundo en la que se concentra más poder de estos grupos. Se calcula que entre el 30 y 40% de la normativa aprobada en la Unión se ve influenciada por los grupos de cabildeo, que en el 70% de los casos favorecen a las empresas privadas.

Para cambiar el tamaño de esos datos y reducir el poder de los grupos de presión en la Unión Europea será importante, sin duda, aumentar la capacidad técnica de los miembros de las instituciones, y conseguir que los ciudadanos tengan un mayor conocimiento de cómo se toman las decisiones en la UE.