En una entrevista en la BBC este domingo, David Cameron, habló ampliamente de los cambios que se deberían establecer en las nuevas negociaciones entre Reino Unido y la UE, que pasarían por «más flexibilidad, más competitividad, menos costes añadidos especialmente para las pequeñas empresas».

Cuestiones que deberían estar resueltas -ha dicho- antes del referéndum sobre la permanencia británica en la UE, que se celebrará antes de que termine 2017. Cameron ve como baja en las encuestas de opinión y se quiere poner la venda antes de tener la herida.

Entre los cambios a los que se ha referido explícitamente están las prestaciones a los inmigrantes procedentes de otros países de la UE. Por ejemplo la ayuda para los hijos que a veces permanecen en el país de origen. «No creo que eso deba de ser así. Es algo que deberíamos cambiar», incluso si fuera necesario modificar el Tratado algo que Cameron plantea que se haga antes de que Gran Bretaña celebre su referéndum.

Así mismo quiere establecer restricciones a la entrada de nacionales de otros Estados miembros y amenaza con vetar la adhesión de otros países, «eso es posible, porque cada vez que un nuevo país se une a la Unión Europea, el Consejo debe aprobarlo por unanimidad», ha dicho.

En estos momentos solamente Montenegro negocia su adhesión y la de Serbia dará comienzo a finales de enero.

El levantamiento de las restricciones este 1 de enero a la libre entrada de trabajadores procedentes de Bulgaria y Rumanía (miembros de la UE desde 2007), ha hecho que las especulaciones sobre una «casi invasión» haya hecho correr ríos de tinta y que se hayan levantado voces de los más extremistas en el parlamento británico.

Tanto, que Cameron se apresuró a poner en marcha a finales de diciembre un proyecto de ley que recorta las prestaciones sociales a búlgaros y rumanos. Entre otras ha retrasado tres meses el cobro del subsidio del paro y la ayuda a la vivienda.

Sin embargo, los expertos no prevén una llegada masiva, a lo sumo unas 2.000 o tres mil personas y repartidas entre toda la UE.

Desde Sofia y Bucarest, hablan de «histeria» en el Reino Unido y de que los que querían trabajar fuera de su país ya lo están haciendo.

Damian Draghici, miembro del Senado rumano y asesor del primer ministro, Victor Ponta, ha dicho en declaraciones a The Times que Reino Unido debe prestar más atención a lo que hacen sus banqueros en lugar de a los que buscan trabajo. «Los gitanos que piden una libra o un euro en la calle nos molestan. Sin embargo, a algunas personas que trabajan en los bancos y que roban miles de millones de euros nadie las ve porque están en la planta 60», ha señalado.

Draghici añadió que no hay «millones de rumanos diciendo 'Inglaterra está abierta, vayamos'».

Por su parte el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, señala que la restricción solo la han mantenido nueve países, los otros 19 Estados miembros han permitido el derecho a la libertad de trabajo y, por supuesto, los ciudadanos rumanos y búlgaros han disfrutado desde 2007 del derecho a viajar y residir en todos los Estados miembros. Lo han hecho más de 3 millones de nacionales rumanos y búlgaros. En Gran Bretaña hay miles de trabajadores de esos dos países contratados en el sector sanitario: médicos y enfermeros.

La Comisión Europea no cree que se produzca ninguna «afluencia repentina» de personas procedentes de otros países de la UE en «una ciudad o región en particular». Si fuera así, recuerda que los Estados miembros pueden utilizar el Fondo Social Europeo (por valor de 10 mil millones de euros al año) para «hacer frente a esos problemas» y que desde el 1 de enero de este año, cada país de la UE debe utilizar al menos el 20 % de los fondos del FSE en la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza.