Cameron quiere privatizar las carreteras

El gobierno británico quiere cobrar peaje en las nuevas carreteras. David Cameron ha dicho que quiere hacer como con el servicio de suministro de agua, que ya se privatizó hace años. Londres dice que «es urgente» que la inversión privada a través de fondos soberanos o de pensiones, sufrague «la degradación que sufren las infraestructuras viarias inglesas desde hace décadas».

Autopista en Reino Unido
Autopista M-25, en Reino Unido/Foto:CC

Actualmente en Gran Bretaña sólo hay una autopista de pago, en las proximidades de Birmingham.. El premier británico ha comparado esta privatización a la que se hizo con el agua, que depende de inversiones privadas pero está supervisada y regulada por una autoridad independiente. El Partido Conservador, que lidera David Cameron, ya privatizó la red ferroviaria en la década de los 90, y potenció la privatización del Servicio Nacional de Salud.

Los laboristas han criticado esta medida, que podría estar a punto en otoño, porque va a «permitir a las empresas privadas tomar el control de la estratégica red de carreteras». El director general de la patronal de empresarios CBI, ha aplaudido el plan gubernamental y asegura que la congestión que se genera actualmente por la falta de capacidad viaria cuesta a los británicos unos 9.500 millones de euros al año. Las asociaciones de automovilistas reconocen que es necesario aumentar la inversión y los ecologistas creen que el gobierno «debería concentrarse en mejorar el sistema de transporte público», e insisten en que esta medida «no ayudará a disminuir la contaminación».

El gobierno británico que también estudia la construcción de un nuevo aeropuerto en el estuario del Támesis, para hacer frente a la saturación de Heathrow, quiere superar así el retraso de su país en infraestructuras básicas. Intenta hacerlo sin que afecte a su plan de austeridad presupuestaria. Este miércoles desvelará los presupuesto para 2012,que seguirán centrados en el ahorro para consolidar las finanzas públicas.

El Reino Unido tiene previsto un plan de infraestructuras de unos 35 mil millones de euros para mantener su economía pero quiere que el dinero público sólo financie una tercera parte del gasto.