Para sus diseñadores, incluido el propio presidente, esos cambios han ido llegando con la cautela necesaria para lograr los que se proclaman como sus principales objetivos: actualizar y hacer eficiente la economía cubana sin aplicar políticas de choque de estilo neoliberal o paquetes de medidas típicos de tiempos de crisis.
Los detractores del tempo impuesto a los cambios tienen como argumento fundamental el hecho de que se puede agotar el tiempo real, histórico, para remodelar una sociedad y economías estancadas y deterioradas por largos años de crisis.
La justificación de las autoridades, mientras tanto, es que no existe margen para las improvisaciones y errores, por lo cual solo deben implementarse las transformaciones en el momento y en la medida justos para que el sistema político no se resquebraje con una súbita alteración de las estructuras económicas.
Una de las especificidades de esta política de «actualizaciones» realizadas a ritmo pausado ha sido el secretismo que las ha acompañado.
En la más reciente intervención pública del presidente, durante el cierre de las actividades de 2013 del parlamento, afloró esta tendencia cuando anunció la esperada y necesaria modificación de la ley de inversión extranjera, sin deslizar una sola de las características que tendrá el nuevo aparato legal que (se espera y se necesita) haga atractiva la isla para capitales foráneos indispensables para, entre otras carencias, instrumentar la modernización de la deteriorada infraestructura de un país cuyos recursos propios son insuficientes para tal empeño.
Pero, si se va a discutir el tema y adoptar la nueva ley en unos pocos meses, ¿por qué no dar señales de sus principales novedades?
Algo más o menos similar ha estado ocurriendo con el anunciado proceso de unificación monetaria del país (donde circulan dos tipos de pesos, uno de ellos cotizado con referencia al dólar y otras divisas), del que apenas se sabe que afectará primero al sector mercantil y empresarial y luego al de los ciudadanos, pero sin que se conozca mucho sobre cómo ni cuándo llegarán las necesarias devaluaciones y revaluaciones encaminadas a la convergencia de las dos monedas, a pesar de que se trata de un problema de máximo interés público.Más recientemente ha sucedido con el anuncio del cambio de política en la venta de automóviles, que se liberará después de más de medio siglo de restricciones y ausencias. Solo se sabe que se venderán autos a los que puedan comprarlos, con la información adicional de que se ofrecerán a precios hoy establecidos por el mercado entre particulares, o sea, al precio que podría tener una botella de agua en el punto más remoto del desierto del Sahara.
Porque en un país en el cual por medio siglo el mercado automovilístico ha estado regido por prohibiciones, ventas dirigidas y muy limitadas, además de precios ya suficientemente altos, el automóvil se ha convertido en el objeto de compra y venta más cotizado –más aun que la vivienda—, encarecido justamente por la escasez y dificultades para obtenerlo.
¿Se venderán entonces autos de segunda mano, explotados casi hasta el agotamiento, a precios similares a los que puede costar un equipo nuevo en cualquier otro mercado del mundo? ¿Y cómo se cotizará entonces un auto de estreno?... Nadie (de los interesados en adquirirlos) lo sabe a ciencia cierta, pues el tan esperado anuncio de que se venderán autos no aclara la cuestión... porque se ha decidido mantenerlo en secreto, hasta que llegue el momento en que el gobierno decida hacerlo público.
En ocasiones esa falta de transparencia ha funcionado como un elemento que, de manera muy evidente, desconoce los intereses de los ciudadanos.
Como se sabe, desde hace unos años –por seguir ejemplificando— las autoridades han lanzado una campaña contra la corrupción administrativa y estatal. Pero poco se informa, por vías oficiales, de sus resultados y menos aún de sus episodios más notables, aun cuando –y esas mismas autoridades no pueden dejar de saberlo— dichos resultados se filtran hacia la población por caminos tortuosos.
Tal es el caso de varias operaciones policiales y fiscales que, en dispositivos portátiles de almacenamiento de datos, han estado circulando de mano en mano con los casos, entre otros, de «el personaje de los servicios comunales» o «los dirigentes del supermercado de la calle Carlos III», como los han ido llamando los ciudadanos, que alternan la visión de materiales fílmicos de las operaciones policiales con los de la telenovela de turno.
¿Por qué no informar más sobre una campaña que interesa y atañe a todos? ¿La corrupción es solo un problema de interés policial o es también una lacra social que debe ventilarse entre los afectados?
¿Y cómo funcionará la llamada Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM), «llamada a convertirse en un importante polo de atracción de la inversión extranjera y al mismo tiempo en polígonos de experimentación de modernas tecnologías y métodos de gestión empresarial», en palabras de Raúl Castro durante la clausura de la sesión parlamentaria?
¿O qué pasos se pueden, se piensan, se dan para una deseada normalización de la relaciones entre Cuba y Estados Unidos en aras de «restablecer una relación civilizada entre ambos países, como desea nuestro pueblo y la amplia mayoría de los ciudadanos estadounidenses y la emigración cubana»?
El guión de esta historia parece incluir el suspense. Por ahora solo nos queda imaginar cómo se desarrollará la trama que sigue, hasta que se revelen los secretos, tal como nos enseñaron los viejos maestros de las radionovelas cubanas del siglo pasado. Los cubanos estamos entrenados en tales ejercicios.
* Leonardo Padura, escritor y periodista cubano, galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2012. Sus obras han sido traducidas a más de 15 idiomas y su más reciente novela, «Herejes», es una reflexión sobre la libertad individual.
