El programa incluye la construcción de una valla de 33 kilómetros de extensión en la frontera con Turquía y la incorporación de 1.500 agentes al contingente policial que patrulla la frontera con ese país.

Al parecer, el plan funcionó. Este año, solo un poco más de 100 solicitantes de asilo lograron entrar a Bulgaria cada mes, mientras que cuando comenzó su implementación las autoridades llegaron a impedir el ingreso de hasta 100 personas por día, según declaraciones del Ministerio del Interior. El secretario general del ministerio, Svetozar Lazarov, informó en abril que se había impedido que 2.367 personas cruzaran la frontera desde principios de 2014.

La afluencia del año pasado, que asustó a las autoridades búlgaras, se produjo en el contexto del endurecimiento de las fronteras de Grecia y el consiguiente desplazamiento hacia el norte de las rutas migratorias procedentes de Turquía por vía terrestre.

Más de la mitad de quienes solicitaron asilo en Bulgaria en 2013 provenían de Siria. En la actualidad, más de dos millones de sirios buscan protección fuera de sus fronteras, la mitad niños y niñas. Turquía alberga en este momento a más de 700.000 ciudadanos de ese país en guerra desde hace tres años.

El 29 de abril, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que documenta cómo, en el marco de la aplicación del plan búlgaro, se envía de vuelta de manera sumaria a las personas que cruzan la frontera desde Turquía a Bulgaria, sin darles la oportunidad de presentar las solicitudes de asilo y a veces víctimas de abusos de los agentes fronterizos.

La evidencia de las expulsiones proviene de 177 entrevistas que HRW llevó a cabo con migrantes en Bulgaria, Turquía y Siria, en las que se reconstruyeron 44 casos de devoluciones sumarias que involucraron a 519 personas.

«A partir de la situación en los países de origen de la mayoría de quienes cruzan la frontera de forma irregular –Siria y Afganistán-, es razonable creer que muchos buscan protección. Sin embargo, a las personas que entrevistamos que fueron rechazadas en la frontera o dentro del territorio de Bulgaria no se les dio la oportunidad de presentar las solicitudes de asilo al momento de su detención», según explica el director del programa de refugiados de HRW, Bill Frelick.

«HRW cree que el gobierno búlgaro, desde el 6 de noviembre 2013, emprendió una práctica sistemática para evitar que los solicitantes de asilo indocumentados crucen a Bulgaria para presentar una solicitud de protección internacional», señala el informe. La organización con sede en Nueva York asegura que esta estrategia por parte del gobierno búlgaro viola el principio de no devolución, que implica el que no puede expulsarse a personas a lugares donde sus vidas y libertades pudieran verse amenazadas, incluido en la Convención de Refugiados, vigente desde 1951 y que Bulgaria ratificó.

El principio también forma parte de normas de la UE que Sofía está obligada a ejecutar, como la directriz de retorno, el código de fronteras de Schengen y la Carta de Derechos Fundamentales. «Las expulsiones de la frontera documentadas en este informe no siguen ningún procedimiento adecuado y mantienen la presunción negativa de que quienes cruzan la frontera de forma irregular no están buscando asilo cuando debería suponerse, por lo menos en lo que respecta a las personas que huyen de Siria y Afganistán, que sí lo están», explica la informe.

El estudio recibió fuertes críticas en Bulgaria, incluso de los directores de la Agencia Estatal para los Refugiados y de la Cruz Roja Búlgara, uno de los organismos no gubernamentales que trabajan más de cerca con las autoridades, aunque ambos reconocieron que no leyeron el análisis de HRW.

Las voces críticas sostienen que la situación de los migrantes mejoró desde el año pasado, algo que el informe de HRW sí menciona, pero ninguna se refiere a la acusación principal: que Bulgaria ha puesto en práctica un plan de devolución sistemática.

El ministro del Interior, Tsvetlin Yovchev, la figura principal detrás del plan, niega que la policía haya sido violenta con los migrantes que ingresan al país. Argumenta que la presencia constante en las zonas fronterizas de especialistas de Frontex, la agencia de gestión de las fronteras de la UE, garantiza la correcta conducta policial.

El ministerio tiende a inflar el número de los agentes europeos en el país. Según Frontex, solo entre 40 y 50 de sus funcionarios estuvieron presentes en Bulgaria de forma simultánea desde 2011.

En esa tónica, ese despacho informó que «en 2013 se realizaron tres operaciones conjuntas en las fronteras exteriores de Bulgaria, que también son externas para la Unión Europea, con un número total de 216 expertos y 30 traductores de Frontex».

Cuando se preguntó a Frontex sobre su participación en el plan aplicado por las autoridades búlgaras, su portavoz, Ewa Moncure, responde que la agencia europea es un organismo operacional que se limita a implementar la vigilancia de fronteras y actividades de segunda línea (como entrevistas a los migrantes) acordadas con Sofía.

Cualquier medida que el gobierno búlgaro haya tomado desde noviembre, aunque Frontex haya participado de su ejecución, es responsabilidad principal de Sofía, agrega. La portavoz dijo que el organismo que representa investiga las denuncias recibidas sobre violaciones de los derechos humanos, pero que no había recibido ninguna en Bulgaria referida a las datos facilitados por el informe de HRW.

En noviembre, la Defensora del Pueblo europeo rechazó «la visión de Frontex de que las infracciones de los derechos humanos son responsabilidad exclusiva de los Estados miembros en cuestión». Como ejemplo, mencionó el despliegue de guardias de frontera de la UE en Grecia, donde los inmigrantes eran mantenidos en centros de detención en condiciones inaceptables.

Por contravenir la devolución su legislación, organizaciones de derechos humanos señalaron que la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, podría iniciar procedimientos de infracción contra Sofía, que pueden concluir con medidas legales ante el Tribunal Europeo de Justicia y en sanciones. Pero hasta el momento no se han dado pasos decisivos en esa dirección.

Michele Cercone, portavoz de Asuntos Interiores de la Comisión Europea, recuerda que «sigue de cerca la situación del asilo en Bulgaria y está en contacto habitual con las autoridades búlgaras», refiriéndose a las conclusiones del informe de HRW. Cercone agrega que se envió una llamada «carta piloto» a Bulgaria con una solicitud de información. En base a ella, la Comisión Europea decidirá las próximas medidas. Pero no supone el inicio de un procedimiento de infracción, lo que exige una «carta de aviso formal» que solo se expide si la Comisión no está conforme con la labor realizada por las autoridades búlgaras.

Las 3.000 personas que cruzaron la frontera de Bulgaria en octubre de 2013 en comparación con 99 en enero de 2014 son «cifras que hablan por sí solas», afirma Ana Fontal, del Consejo Europeo para los Refugiados y el Exilio, una alianza paneuropea de 82 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

«La Comisión Europea debe examinar sin demora las prácticas fronterizas en la frontera turco/búlgara para investigar posibles violaciones a las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE sobre asilo y migración, y la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción si Bulgaria no adopta medidas para remediar los incumplimientos identificados», explica Fontal. «Otros países de la UE no deben devolver los solicitantes de asilo a Bulgaria hasta que las condiciones mejoren allí y las autoridades cumplan con el derecho internacional y de la UE».