El ejecutivo comunitario ve el futuro económico de España con menos optimismo que el gobierno español. Según Bruselas, la economía española crecerá este año sólo un 0,8% y un 1,5% en 2012, frente al 1,3% y el 2,3% previsto por el Gobierno. En consecuencia, no se cumplirán los objetivos de reducción de déficit: un 6,3% este año, tres décimas más de lo comprometido, y un 5,3% en 2012, frente al 4,4% calculado por el gobierno.

Para corregir esos desvíos, la Comisión Europea apunta una forma de compensar los ingresos: aumentando impuestos, los de la energía, relativamente bajos en España, y la estructura y los tipos del IVA.

Además los expertos económicos de Bruselas recomiendan reducir gastos. Para empezar, consideran que España ha tenido un fuerte incremento de los costes laborales en los últimos años y "encontrar margen para reducir el nivel relativamente alto de las contribuciones sociales con el objetivo de bajar los costes laborales no salariales ayudaría a impulsar la competitividad", dice el informe.

La ministra española de Economía, Elena Salgado, ya ha rechazado la sugerencia europea, que no le parece "razonable". En España se ha subido el IVA hace un año y hay que "dinamizar el consumo". Además no está de acuerdo en reducir las cotizaciones sociales, porque "sirven para pagar futuras pensiones".

Pero hay mucho más, la Comisión Europea pide al gobierno que apruebe la negociación colectiva y que modifique las cláusulas de revisión salarial para garantizar que el crecimiento de los salarios refleje mejor la evolución de la productividad, así como las condiciones a nivel local y de la empresa. También pide que se evalúe el impacto de la reforma laboral y que haga nuevas reformas para reducir la temporalidad y mejorar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.

Bruselas mira la cada vez mayor esperanza de vida de los europeos y recomienda al gobierno español que ponga en marcha la reforma de las pensiones y ajuste la edad de jubilación y las prestaciones al envejecimiento de la población.

Para la UE es necesario que España "aplique en los dos próximos años estrictamente los mecanismos existentes de control del déficit y del gasto para los gobiernos regionales... y mantener un techo de gasto, por debajo del crecimiento del PIB, en todos los niveles de la administración".

La Comisión reconoce el esfuerzo de España para aumentar la solvencia de las entidades financieras, pero considera que falta controlar los problemas surgidos por la intervención de las autoridades locales en el gobierno de las cajas de ahorro, de modoque pide reforzar la reestructuración en marcha.

Coordinación económica europea

Estas recomendaciones. que Bruselas ha hecho a cada uno de los 27 países de la UE, forman parte del llamado Semestre Europeo, por el que los Estados coordinan su política económica y presupuestaria y es la respuesta de la Comisión a los planes estratégicos acordados por los jefes de Estado o de gobierno el pasado mes de marzo y presentados por cada uno de los ejecutivos.

"Con estas recomendaciones por país, que son específicas y cuantificables, la Comisión da a conocer a los Estados miembros su evaluación de los planes nacionales. Todos sabemos que para alcanzar objetivos que nos hemos marcado colectivamente será necesario tomar decisiones difíciles. Pero gracias a este esfuerzo —un esfuerzo serio y en el que deberán participar todos—, Europa podrá finalmente dejar atrás la crisis y salvaguardar nuestra prosperidad futura", ha dicho el presidente del ejecutivo europeo, José Manuel Durao Barroso.

La consideración general es que los programas presentados por los gobiernos son, en general, realistas, pero a menudo a los programas nacionales les falta ambición y no están suficientemente especificados. "Los Estados miembros siguen teniendo la responsabilidad de diseñar sus políticas económicas y elaborar sus presupuestos. Ahora bien, hoy existe un consenso general sobre las relaciones de interdependencia que imperan en la UE en general y en la zona del euro en particular", dice un comunicado de la Comisión.

Las recomendaciones se aprobarán en el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio y su aplicación será supervisada a lo largo del próximo año por la Comisión y los propios Estados.