El Parlamento europeo y el Consejo han pactado fijar un plazo límite de 60 días para que las administraciones públicas paguen sus facturas. Pretenden así evitar las consecuencias que la morosidad tiene sobre las pymes europeas.

El acuerdo afecta tanto al sector público como al privado y establece que el plazo para pagar una factura por bienes y servicios sea de 30 días. Sin embargo, para los poderes públicos amplía ese plazo hasta 60 días, por causas excepcionales y justificables. En caso de retrasos, las administraciones tendrán que abonar un interés con el tipo de referencia más un 8%. Las entidades sanitarias públicas tendrán siempre 60 días para pagar porque su financiación depende en gran parte de los reembolsos de la seguridad social.

Según datos de la Comisión europea, en toda la UE los pagos atrasados ascienden a 1.900 millones de euros, de los que 1.200 millones corresponden al sector público. Un estudio elaborado por una empresa suiza, que también cita el ejecutivo comunitario, dice que el 7% de las quiebras empresariales en Europa es causa de la morosidad. La eurodiputada alemana Barbara Weiler confía en que «el acuerdo beneficie a muchas pequeñas y medianas empresas que ya no tendrán que ejercer como bancos para las empresas públicas o las grandes compañías.»

El pacto entre la Eurocámara y el Consejo modifica la propuesta inicial de la Comisión que dejaba abierto el plazo para que deudor y acreedor llegaran a un acuerdo. Los eurodiputados han presionado para que se establecieran límites concretos. Se espera que el Pleno de la Cámara apruebe en octubre sin problemas la nueva directiva sobre morosidad. euroXpress