La propuesta de hoy necesita luz verde de los Veintiocho, hasta ahora sin embargo, todas las regulaciones que vienen del Ejecutivo en materia de fiscalidad, y de acabar con los beneficios fiscales, han sido bloqueadas por más de un país. El comisario de Asuntos económicos y monetarios, Pierre Moscovici, ha negado que se trate de una medida que ataque principalmente a los 'tax rulings', («son medidas de transparencia, el problema es la opacidad», ha defendido), una práctica que según asegura Bruselas aplican alrededor de dieciocho países de la UE.
Así, el Ejecutivo propone que los Estados miembros intercambien información cada tres meses con sus socios comunitarios sobre los acuerdos fiscales que mantienen con las empresas. El objetivo es que en caso de que un país que se vea afectado por los pactos de otro con una compañía, lo denuncie.
«Estamos decididos a mantener un nivel de tolerancia cero con las empresas que no paguen impuestos y poner fin a los regímenes fiscales que lo permiten. Tenemos que rehacer el vínculo entre el lugar en que las compañías obtienen beneficios y el lugar en que pagan impuestos», ha explicado hoy Moscovici.
El Ejecutivo comunitario se muestra confiado en que la propuesta tenga luz verde de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, un proceso que para aplicarse en 2016, debe finalizar como máximo antes de acabar el año. La mayoría de grupos parlamentarios han valorado positivamente las nuevas medidas, pero algunos, como los socialdemócratas insisten en que es necesario dar nuevos pasos en materia de transparencia.
Con la nueva propuesta, Bruselas espera dar carpetazo a los escándalos que han sucedido a los países y a sus ayudas fiscales. Las investigaciones sobre fiscalidad en el último año ha estado en un continuo in crescendo. Primero, en junio de 2013, la Comisión Europea ha estado investigando los pactos fiscales en siete Estados miembros (Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, y el Reino Unido). También ha pedido información sobre el régimen de impuesto de propiedades a Bélgica, Chipre, Francia, Hungría, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, España y el Reino Unido.
El pasado junio, el Ejecutivo abrió formalmente investigaciones en los casos de la compañía Apple en Irlanda, la multinacional del café Starbucks en Países Bajos y Fiat en Luxemburgo. Meses después, el Gran Ducado volvió a estar en el punto de mira con una nueva investigación sobre Amazon. En noviembre, el escándalo de Luxleaks reveló que más de 340 empresas con sede en el país originario de Jean-Claude Juncker pagaron poco más de un simbólico 1%.
