En la actualidad, el 3 por ciento de los trabajadores de la UE, 9,5 millones de personas, viven y trabajan en otro Estado miembro, mientras que otro 1,2 millones de personas viven en un país y trabajan en otro. Muchos de ellos sufren discriminación.

Otros europeos trabajarían en un país diferente del suyo pero se encuentran desvalidos para hacerlo, no tienen suficiente información, no saben como encontrar trabajo, ni si las condiciones laborales son las adecuadas o qué prestaciones sociales va a tener. Es el caso de un 15 por ciento de los ciudadanos de la Unión que no se plantean trabajar fuera porque están convencidos de que hay demasiados problemas, según una encuesta del Eurobarómetro de septiembre de 2011.

La Comisión Europea pone algunos ejemplos, José, quería ir a Irlanda a trabajar pero se quedó asombrado cuando los servicios de empleo de ese país le informaron de que había determinados trabajos en los que no lo admitirían por no ser irlandés. Eso no es legal, el reglamento de funcionamiento de la UE obliga a los Estados miembros a que den acceso a todos los puestos laborales a los trabajadores nacionales de cualquier país europeo.

A la inversa, Aliute natural de Lituania, respondió al anuncio de una empresa privada de España que pedía un profesor de inglés. No fue admitido por no ser nativo inglés a pesar de que tenía los conocimientos y la titulación requeridos.

Las discriminaciones y obstáculos que se han detectado hasta ahora son, por lo general: condiciones diferentes de contratación, condiciones de nacionalidad para determinados puestos, cuotas de nacionalidad para los ciudadanos de la UE (algo muy común en el deporte profesional); diferentes condiciones de trabajo (distinto salario, titulación diferente, etc.); problemas para acceder a beneficios sociales (becas de estudio, por ejemplo); no se tiene en cuenta la experiencia adquirida en otros Estados miembro (en especial en el sector público); no se tienen en cuenta las titulaciones adquiridas en otros países.

Cuando el Parlamento y el Consejo aprueben la nueva directiva los países europeos estarán obligados a crear puntos de información en los que se dé asistencia y orientación a los trabajadores migrantes y a los empresarios que los vayan a contratar; permitir que los sindicatos, las ONG y otras organizaciones inicien procedimientos administrativos o judiciales en nombre de trabajadores concretos en caso de discriminación.

La CE por su parte, también continuará incoando procedimientos en los casos en los que la política de los países no se ajuste al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) o al Reglamento.