La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, declara en un comunicado, que «el compromiso de las autoridades francesas para promover la integración de los gitanos... debe tener repercusiones reales». Además pone énfasis en que la creación de las «aldeas de inserción», anunciadas por el ejecutivo galo, «representaría un buen ejemplo, pero no debe retrasarse demasiado».
Las evacuaciones de campamentos gitanos realizadas desde principios de agosto en las afueras de varias ciudades como Lille, Lyon o París, parecen mantener la lógica de la política iniciada por Sarkozy, tras su discurso de Grenoble en 2010. En aquel momento, se acusaba al presidente conservador de estigmatizar a los gitanos. Unas acciones muy criticadas por la izquierda francesa, que han vuelto a demostrar su malestar, ahora que un socialista gobierna en el Elíseo. El nuevo presidente se ha ganado la ira, no sólo de algunos sectores del Partido Socialista sino, sobre todo de las asociaciones de derechos humanos, que denuncian unas expulsiones bajo el eufemismo de «ayuda humanitaria», ya que a cambio de volver a sus países, los adultos reciben 300 euros y los niños 150.
A lo largo de estas últimas semanas, el ministro del Interior, Manuel Valls, se ha empeñado en desmarcarse de las acciones del gobierno anterior, asegurando que iba a trabajar en el realojo y la reinserción de los evacuados y que acabará con las restricciones de acceso al mercado laboral francés de los gitanos, que todavía siguen vigentes, aunque pide más tiempo para conseguirlo. Por otra parte, ha defendido de nuevo su gestión de la situación, diciendo que estas operaciones se basan en decisiones judiciales. Además las justifica porque intentan frenar problemas de delincuencia y de enfrentamientos con los residentes de las zonas donde viven los gitanos. A lo que añade que es necesario mejorar las condiciones de insalubridad en que viven centenares de personas de este colectivo. Valls defiende la firmeza de sus actuaciones porque se basa en políticas de inserción dentro del marco de las leyes europeas y nacionales, sin olvidar el respeto a las personas afectadas. En ese sentido, la Comisión Europea ha pedido a Francia que agilice las promesas anunciadas que prevén planes de inserción de las población gitana.
Bruselas espera medidas concretas que respeten la directiva europea que garantiza la libre circulación de ciudadanos comunitarios, aunque la legislación comunitaria les pueda imponer algunos requisitos para residir en un país distinto del suyo. A ese respecto, hay que recordar que, en 2010, Francia modificó su legislación con una circular que ordenaba la expulsión de gitanos pero que se centraba específicamente en esta minoría étnica, lo que obligó a la CE a intervenir para reafirmar que la expulsión de un ciudadano comunitario no se puede efectuar hacia un colectivo, sino «caso por caso».
Consciente de la polémica y de las tensiones que van surgiendo, el ministro socialista ha hablado en las últimas horas con Viviane Reding, reiterando la voluntad del gobierno francés de colaborar con la Comisión y ha confirmado que «no habrá ninguna política pública que se centre en un grupo concreto de población». Esta mañana en una entrevista en la emisora de radio, France Inter, Manuel Valls ha insistido en que la cuestión de los gitanos incumbía ante todo a los países de origen. «Esas poblaciones están discriminadas en sus países... y es allí donde hay que encontrar soluciones» ha puntualizado el ministro del Interior.
También ha anunciado que el primer ministro Jean-Marc Ayrault presidirá la semana que viene una reunión interministerial sobre la problemática de los gitanos y que el gobierno francés levantará las «medidas transitorias» que impiden el acceso de los gitanos al mercado laboral. Con estas medidas, un empresario que quiera emplear a un gitano durante más de un año tiene que pagar 713 euros a la Oficina Francesa para la Inmigración y la Integración (OFII), ofrecer un empleo definido dentro de una lista de 150 oficios y pedir una autorización a la Prefectura.
Según una reciente encuesta del instituto francés Ifop, el 80 por ciento de los franceses se declaran a favor del levantamiento de campamentos pero el 73 por ciento admite que las expulsiones no hacen más que aplazar el problema, ya que son ineficaces a largo plazo, y creen que hay que tomar soluciones duraderas.
Desde hace 20 años, casi 15.000 gitanos viven en Francia. Esta cifra aumenta de forma constante, a pesar de las expulsiones, porque las personas suelen volver. Si la cuestión de los gitanos es tan relevante, es porque su integración adquiere una dimensión europea y por mucho que el espacio Schengen posibilite el desplazamiento de las personas, no facilita las políticas de inmigración en los países miembros. Resolver esta cuestión es ahora una responsabilidad que incumbe a la Unión Europea en su totalidad, tanto en los países de acogida como de origen.
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