Bruselas ya avisó de que los «recortes continuos» que imponían los Estados al presupuesto tendrían repercusión en los programas y ayudas previstos, pero se impuso la austeridad y ahora se pagan las consecuencias.

Una vez que la Comisión Europea ha hecho cuentas de la ejecución del presupuesto de este año, considera que necesita 9.000 millones de euros más para «hacer frente a las solicitudes de pago pendientes y respetar sus obligaciones contractuales». El presidente Barroso ha dicho que «no se trata de que la Comisión esté pidiendo más fondos, sino de que los Estados miembros cumplan los compromisos que han contraído: facilitar financiación ininterrumpida a los estudiantes a través del Programa Erasmus o a las regiones más pobres a través de los Fondos de Cohesión. Estos son pagos esenciales para reavivar el crecimiento y crear empleo en toda la UE».

Las mayores necesidades se dan en el ámbito de la política de cohesión y de desarrollo rural. Se calcula que habrá que hacer un desembolso suplementario de 8.300 millones de euros para proyectos regionales. Las comunidades autónomas españolas podrían no cobrar 900 millones de euros, si los jefes de Estado no aprueban esa partida adicional a las cuentas comunitarias de 2012.

Cubrir los gastos de los programas de investigación, en parte para poder efectuar los pagos a tiempo y no tener que abonar intereses de demora, exige una aportación extra de 423 millones de euros. Por último, y no lo menos importante, se necesitan 90 millones de euros para el programa Erasmus, el más emblemático de la UE, ante el riesgo de tener que reducir el número de plazas que se ofrecen a los estudiantes o recortar, aún más, la cuantía de las becas. En Estrasburgo, durante una sesión plenaria, los eurodiputados se han mostrados hartos de que los jefes de Estado de los Veintisiete apoyen una política de crecimiento y empleo a la que no aportan recursos económicos. Para evitar recortes en políticas fundamentales en las que la UE se juega su prestigio, los eurodiputados están dispuestos a recortar el presupuesto de la Cámara en 8,9 millones de euros. Ivailo Kalfin, eurodiputado socialdemócrata de Bulgaria, ha sido uno de los más incisivos en contra de los recortes al presupuesto comunitario: «si la UE no pone dinero encima de la mesa, ahondará en la pérdida de legitimidad de cara a nuestros ciudadanos y socios internacionales», ha manifestado durante la sesión plenaria en la Eurocámara.

El viernes 26 de octubre empiezan las negociaciones entre los eurodiputados y el Consejo Europeo para cuadrar las cuentas comunitarias. Si ambas instituciones llegan a un acuerdo, el Parlamento votará el presupuesto en noviembre. También puede ocurrir que no lleguen a un acuerdo. En este caso, los diputados podrán ejercer su derecho a veto. Mientras tanto, los jóvenes becados y las regiones aún no saben si cobrarán las ayudas públicas que la UE les concedió antes de que los recortes llegaran al presupuesto de la UE.