Bruselas, capital de la Unión Europea es también sede de una de las mayores concentraciones de poder político de todo el mundo. En apenas unos cuantos kilómetros cuadrados se encuentran las instituciones clave de la UE, la Comisión, el Parlamento, el Consejo Europeo y, a su alrededor, miles de oficinas de empresas que desean influir en las decisiones políticas, financieras y medioambientales que allí se toman.

Según la organización pro-transparencia Corporate Europe, son entre 15.000 y 30.000 los profesionales que representan a cerca de 2.500 empresas, sectores industriales, agricultores, sociedad civil, sindicatos, etc, que quieren participar de las decisiones comunitarias. La presión de estos grupos empresariales ha hecho que incluso los propios europarlamentarios pidan medidas que limiten su capacidad de acción y regulen sus normas para evitar que su ofensiva sea la causa, por ejemplo, del debilitamiento de leyes y políticas.

Para la Comisión Europea «el lobbying forma una parte legítima del sistema democrático aunque el público en general debe tener claro lo que aportan a las instituciones europeas, a quién representan, cuál es su misión y cómo se financian». Son palabras del comisario encargado de Asuntos Administrativos, Siim Kallas, responsable del Libro Verde sobre Transparencia que, en 2008, se transformó en el «Registro de Transparencia de la UE», el listado formal en el que los «lobistas» declararían, de forma voluntaria, a qué organización representan y el origen de su financiación

Los lobbies entran en la eurocámara

En 2011, el Registro de Transparencia se amplió también a aquellos grupos de presión que quisieran acceder al Parlamento Europeo.

«Este registro es un importante paso adelante en nuestra lucha por una toma de decisiones transparente y responsable en la UE. Necesitamos apoyo y los grupos de presión son útiles para conocer el impacto que nuestra legislación puede tener sobre los diferentes grupos de personas y empresas, pero debemos asegurarnos de que nadie influya en las decisiones a través de medios ilícitos», dijo el entonces presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, en la presentación del Registro.

El Parlamento Europeo puede aprobar, modificar y a veces bloquear las propuestas hechas por la Comisión y, aunque en un principio sus poderes eran limitados, los nuevos tratados han aumentado su autonomía sustancialmente y es un un tarro de miel cada vez mas dulce para los lobbies.

Es más, la palabra «lobby» para definir a los grupos de presión empezó a utilizarse en el siglo XVIII en el propio Parlamento Británico, bautizando así a una nueva forma de hacer política. Al parecer, los diputados eran «asaltados» en el vestíbulo (lobby) del hemiciclo justo antes de que empezaran los debates, por grupos de empresarios que buscaban influir en sus decisiones en el interior.

Para Corporate Europe «los grupos de presión son tan importantes en las decisiones parlamentarias que cerca de 1.800 empresas y lobbies están acreditados en el Parlamento Europeo y más de 4.000 lobbistas tienen acceso a sus sedes».

En febrero de 2013, la ONG londinense Privacy Internacional denunciaba que en el Parlamento Europeo, donde se tramita la Ley de Protección de datos, algunos eurodiputados habían copiado letra por letra -hasta en un 25% del contenido- varias enmiendas sugeridas por multinacionales estadounidenses, entre ellas Amazon y Ebay. Sólo dos años antes, una investigación del Sunday Times obligó a dimitir a dos europarlamentarios al comprobarse que habían aceptado sobornos a cambio de introducir modificaciones en una norma europea.

El informe «Dinero, Política y Poder: un riesgo de corrupción en Europa», elaborado por la organización Transparencia Internacional, advierte de el gran déficit de información en cuanto a la toma de decisiones y a la financiación de los partidos políticos europeos se refiere y asegura que en 19 de los 25 países entrevistados aún tienen que establecer una regulación en materia de «lobbying» y sólo en 10 prohíben las donaciones políticas anónimas.

En España, explica el informe, las donaciones anónimas a los partidos políticos se prohibieron en 2007, pero antes de eso se traducían en millones de euros cada año. Hoy todavía existen movimientos políticos en este sentido pero no hay constancia de cuánto dinero mueven ni en qué dirección. Por esto, el grupo parlamentario mixto presentó en marzo una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para la puesta en marcha de un Registro y Control de «lobbies» o grupos de interés, como ya tienen Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Canadá.

EL registro de «lobistas» de la UE

Según los datos del último Informe Anual del «Registro de Transparencia de la UE», en noviembre de 2012 había codificadas unas 5.500 organizaciones, grupos empresariales, ONGs, 'think tanks' y otras asociaciones que representan intereses de diversos colectivos. Casi la mitad de ellas (48%) correspondían a la categoría II (representantes «internos» de intereses y agrupaciones profesionales y comerciales) y aproximadamente el 28%, a la categoría III (ONG).

La plataforma on-line parece que funciona, con una media de 7.000 visitas al mes, unas 30 llamadas diarias al servicio de ayuda al usuario y 100 correos electrónicos por semana, según datos oficiales. Desde marzo de 2012, ha realizado más de 400 controles de calidad, es decir, una media de 15 por semana y ha tramitado cinco denuncias, una de ellas dio lugar a la supresión de una organización inscrita en el Registro.

De cara al futuro, la CE y el Parlamento tienen previsto revisar en junio de 2013 varios aspectos del Registro, como su naturaleza voluntaria u obligatoria; la posibilidad de una fórmula ad hoc, a título derogatorio y excepcional, para los bufetes y empresas de asesoramiento que deseen registrarse, pero que estén preocupados por la confidencialidad debida a sus clientes; la aclaración de la diferencia entre alertas y reclamaciones; y la aclaración de la categoría a la que corresponden las organizaciones que representan a autoridades locales, regionales y municipales.

Sin embargo, numerosas organizaciones pro-transparencia critican que el Registro no está funcionando a pleno rendimiento y que menos de la mitad de los lobbies que trabajan realmente en Bruselas se han apuntado a su «lista de voluntarios». «Un registro voluntario, que no establece sanciones, que no ejerce un control sobre las actividades de estos grupos, no podrá ser nunca efectivo», asegura Paul de Clerck, miembro de Friends of the Earth y de ALTER-EU.

«Hay entidades que se niegan a inscribirse. Sobre todo despachos de abogados y centros de estudios o think-tanks, que alegan que su misión no es influir, sino prestar asesoramiento», para Jana Mittermaier, de Transparencia Internacional, esta actitud es la prueba de que el registro no funciona.

Las tabaqueras, el talón de Aquiles de la CE

Uno de los últimos escándalos relacionados con el cabildeo y la influencia de grupos de presión en la Comisión Europea lo conocimos hace apenas unos meses cuando el Defensor del Pueblo de Bruselas propuso investigar el nombramiento de Michel Petite, antiguo Jefe del Servicio Jurídico de la CE, reconvertido en abogado de las mayores tabacaleras del mundo y miembro de uno de los bufetes que asesoran a los Comisarios.

La denuncia, interpuesta por Corporate Europe, ha llegado al Presidente Barroso, que tendrá que responder a las acusaciones de recontratación de Petite por parte de la CE y que, a juicio de las organizaciones pro-transparencia, rompe la regla esencial de independencia. El Presidente de la Comisión tiene hasta el 31 de junio de 2013 para presentar un informe sobre el caso.

La investigación tendrá en cuenta, sobre todo, que en un órgano consultivo ético, la integridad y la transparencia son fundamentales para la confianza pública en la Comisión. Por esto no deja de sorprender la decisión de la CE de readmitir a Michel Petite, tras saberse que se estaba reuniendo con antiguos colegas del servicio jurídico para presentarles propuestas sobre la controvertida legislación sobre el tabaco, mientras uno de sus clientes es el gigante del tabaco Philip Morris.

La industria del tabaco en Bruselas gasta más de 5 millones de euros al año y emplea a alrededor de unos 100 lobbistas a tiempo completo para influir en la legislación, asegura Smoke Free Partnership, uno de los principales grupos anti-tabaco, «y estas cifras son sólo la punta del iceberg», advierten.

Y, aunque el Ejecutivo de Bruselas tiene la expresa prohibición de reunirse en secreto con las empresas tabacaleras, esas reuniones persisten. Según Smoke Free Partnership, a las tabaqueras se les dio audiencia el año pasado con los miembros del gabinete del presidente de la Comisión de la UE José Manuel Barroso, y también con altos funcionarios de la Secretaría General y de la comisión de Asuntos de Salud y Consumo. Reuniones que sólo se conocieron después de que varias organizaciones pro-transparencia pidieran formalmente el acceso a esos documentos.

No era la primera vez. Incluso el excomisario de Salud, John Dalli, fue despedido tras haber aceptado un soborno para levantar el veto al comercio del tabaco sueco Snus, «muy adictivo, con efectos adversos para la salud y cada vez más vendido por los sabores y envases destinados a los jóvenes», en palabras del mismísimo comisario que le ha sustituido, Tonio Borg.

Premio al peor lobby

«Worst Lobby Award», es una entrega de premios que contrasta con el bienintencionado Registro de la CE y que quiere destacar la importancia de controlar las actividades de los agentes que están influyendo en directivas que afectan a 500 millones de ciudadanos.

Entre los ganadores de los últimos años están la financiera Golman Sachs (Peor Lobby de 2010) o la española Abengoa (Peor Lobby de 2008), elegida por ensalzar la misión ecológica de su negocio ante las acusaciones de ser responsable de deforestación por los ecologistas. Entre las nominadas, también estaba GPlus, fundada por Peter Guilford, un antiguo empleado de la Comisión Europea, por hacer lobby ruso en la UE durante la guerra de Georgia. Su empresa, con un volumen de negocio de un millón de euros en 2007, representa también los intereses de Microsoft, Panasonic o Telefónica, y fue la primera en ser expulsada del registro por no revelar el nombre de todos sus clientes. Es un ejemplo de lobby de pura raza.

Conocer la realidad de los lobbies que trabajan en la UE es el objetivo de ALTER-EU, Alianza por la Transparencia del Lobby y la Regulación Ética, una coalición formada en 2005 y en la que participan más de 200 grupos de la sociedad civil, académicos y asociaciones empresariales. ALTER-EU se encarga de estimular el debate y de apoyar la iniciativa de Transparencia de la UE a la que pide, también, una revisión de sus métodos. Abogan por el registro obligatorio en el listado de lobbies y por la elaboración de un código de conducta para los grupos de interés, incluyendo la divulgación de la información financiera relativa a las actividades de cabildeo.

ALTER-EU organiza los próximos 10 y 11 de abril su Asamblea General bajo el título «Hacer frente a los lobbies de las grandes empresas: La recuperación de Europa para el interés público», con la que pretenden elaborar estrategias y movilizar a la sociedad civil y a los políticos en este sentido ante las elecciones europeas de 2014. Quizá es un buen momento para conocer más de cerca a estos gigantes en la sombra.