Unas recomendaciones que afectan a las finanzas públicas, a educación, impuestos, industria, administración pública y judicial, sanidad, pobreza o trabajo.

La Comisión Europea amplía el objetivo de déficit global de España hasta el 6,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2013, dos décimas por encima de lo que el Gobierno había pedido. En 2014 el déficit será del 5,8 por ciento, del 4,2 en 2015 y del 2,8 por ciento del PIB en 2016.

Para llegar a esas previsiones debe aplicar las medidas que figuran en los planes presupuestarios de 2013 a «todos los niveles del Estado» y estar preparada para adoptar medidas correctivas si se produjeran desviaciones.

El Gobierno español debe crear un Consejo Fiscal independiente, que analice, asesore y supervise la política fiscal, tendrá que aplicar medidas concretas para frenar el creciente déficit estructural de la Seguridad Social y seguir con reformas estructurales de «gran alcance» para evitar desequilibrios macroeconómicos excesivos.

Para garantizar el sistema de pensiones deberá, entre otras cosas, aumentar la edad de jubilación en función de la esperanza de vida. En julio de este año, tiene que estar evaluado el funcionamiento de la reforma del mercado de trabajo y si hubiera modificaciones que hacer presentarlas a Bruselas como muy tarde en septiembre.

También en julio tiene que estar en marcha el Plan Nacional de Empleo con las reformas y modernización necesarias para garantizar la asistencia individualizada a los parados, según sus perfiles y necesidades de formación. Además debe de estar listo este año el portal único de empleo y avanzar en la colaboración público-privada en los servicios de colocación.

Las medidas de lucha contra el paro juvenil se deben aplicar lo antes posible y hacer un seguimiento del rendimiento de los alumnos de formación profesional dual, que también debe conocerse a finales de 2013 lo más tarde.

Para marzo de 2014 el Gobierno español debe de haber hecho una revisión sistemática del sistema tributario; explorar el margen existente para subir el IVA y los impuestos medioambientales, sobre todo los de los carburantes; adoptar medidas adicionales para reducir el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades; e intensificar la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.

Además debe ajustar la relación coste-eficacia en el sector sanitario, manteniendo la atención a los grupos más vulnerables, reducir las facturas sin pagar de la administración, y aprobar la ley de Desindexación antes de 2014.

Quedan más tareas. Ratificar y aplicar con urgencia el proyecto de ley de garantía de la Unidad de Mercado, así como aprobar y aplicar la ley de Colegios Profesionales y la ley de Apoyo al Emprendedor, reduciendo los trámites.

Antes de que finalice 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy deberá también hacer la reforma del sector de la electricidad, abordando el déficit tarifario y completando las interconexiones de gas y electricidad con los países vecinos. La reforma de la administración local se debe aprobar además tener listo para este octubre un plan que aumente la eficiencia de toda la administración pública y la del sistema judicial.

En resumen un programa muy completo, que la Comisión seguirá de cerca cada tres meses de forma independiente al seguimiento que ya hace de las reformas que exigió en el Memorando de entendimiento del rescate a la banca.