Los ex comisarios europeos tienen derecho a cobrar una indemnización equivalente a 96.000 euros anuales durante tres años después de abandonar su cargo. Y la cobran, aunque encuentren trabajo en ese tiempo. Bruselas considera adecuado el procedimiento, similar al que fijan los Estados miembros.

Lo contó esta semana el Financial Times alemán y lo que no debía ser ninguna sorpresa porque está en el reglamento de la Comisión, provocó un barullo descomunal en Bruselas. Varias ONG y organizaciones pro-transparencia en la UE consideran escandaloso que los altos cargos comunitarios perciban salarios tan altos cuando Bruselas insiste una y otra vez en pedir a los Estados que recorten el gasto público.

Las normas, que no elabora la Comisión sino el Consejo de ministros de la UE, fijan el salario de un comisario en ejercicio en 20.000 euros mensuales brutos, 22.500 euros en el caso de los vicepresidentes del ejecutivo. Cuando abandonan el cargo, tienen derecho a una indemnización anual de entre el 40% y el 55% de su salario dependiendo del tiempo que hayan estado en el puesto, supuestamente para facilitar su reinserción en el mercado laboral. Son pagas de unos 96.000 euros anuales. Lo escandaloso es que pueden cobrar esa indemnización aunque encuentren otro trabajo, siempre que sus ingresos no superen la cantidad que cobraban como comisarios.

En la actualidad, cobran esa indemnización todos los ex comisarios, menos tres, y la mayoría han reanudado su actividad en la vida política o en la empresa privada. Sólo han renunciado a la paga extra, la sueca Margot Wällstrom que trabaja en la ONU; la austriaca Benita Ferrero-Waldner, que está en el consejo de admistración de una compañía de seguros alemana; y Günter Verheugen, que ha montado su propia consultoría.

Los nombres de estos dos últimos y otros, como el maltés Joe Berg o el irlandés Charly McCreevy ya han sido objeto de críticas por ocupar puestos en el sector privado que podrían plantear conflicto de intereses con su anterior actividad en la Comisión.

El portavoz comunitario de Admnistración, Michael Mann, lo niega. Asegura que la Comisíón tiene un código ético para evitar esos conflictos y que las reglas aplicadas en la Comisión son similares a las que tienen los Estados para la remuneración de los altos cargos.