Los costes del proyecto que se elevan a 358,6 millones de euros, correrían íntegramente a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de España. Pero la Comisión tiene dudas sobre si el proyecto persigue un objetivo de interés general genuino. La apertura de una investigación pormenorizada ofrece a las partes interesadas la oportunidad de formular sus observaciones y no prejuzga los resultados consiguientes. A la vez que la Comisión podrá recabar información detallada sobre los aspectos que planteen dudas.

En septiembre de 2013, las autoridades españolas notificaron a la Comisión su intención de conceder una ayuda para que se construyera un circuito ferroviario en el que los fabricantes pudieran realizar pruebas con trenes de alta velocidad y equipos afines a velocidades de hasta 520 km/h. La previsión es de que la financiación pública cubra íntegramente los costes de inversión, que ascienden a 358,6 millones de euros. El grueso de la financiación procedería del FEDER y el resto del presupuesto español.

La Comisión evaluó el proyecto en virtud de la normativa en materia de ayudas públicas destinadas a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). La investigación inicial ha puesto de manifiesto que esta clase de centros tiene poca demanda y, que hay una fuerte oposición por parte de la sociedad, especialmente por cuestiones ecológicas. Por lo que la CE duda de que el proyecto tenga un objetivo de interés general, tampoco tiene claro si estas ayudas podrían darle al CEATF una ventaja selectiva respecto a otros centros de ensayo de trenes de alta velocidad que hay en la UE, y que funcionan sin ayuda estatal.

Además, la información facilitada hasta ahora por España no basta para determinar si la infraestructura del CEATF estaría realmente a disposición de todos los usuarios potenciales de la UE en condiciones de acceso abierto y no discriminatorio. Las previsiones que se manejan actualmente indican también que el proyecto será predominantemente deficitario, y no está claro que la financiación pública vaya a suponer un estímulo para que los inversores privados aporten financiación complementaria y compartan los riesgos del proyecto. Si no hay inversores privados no se cumplirían las condiciones para la subvención sobre ayudas estatales en materia de apoyo público destinado a infraestructura de investigación.

El centro se construiría cerca de la ciudad andaluza de Málaga, Su objetivo sería la investigación en tecnología ferroviaria de alta velocidad, y la homologación y puesta a punto de material ferroviario y elementos de estructura y superestructura. La licitación convocada por la Administración española en 2013 para seleccionar a un operador del centro por un periodo de 25 años quedó desierta al no manifestar su interés ningún licitador.

En 2014, la Comisión ha adoptado nuevas normas en materia de ayudas públicas aplicables a las medidas concedidas por los Estados miembros a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), que entraron en vigor en julio de 2014. Estas normas exigen que el proyecto persiga un objetivo de demostrado interés común y subsane una verdadera deficiencia del mercado. Además, la ayuda pública debe ser necesaria para inducir al beneficiario a cambiar de comportamiento en cuanto a la financiación del proyecto (efecto de incentivo) y limitarse al mínimo necesario para ejecutarlo.

En concreto, cuando la ayuda se destina a infraestructuras de investigación (es decir, instalaciones, recursos y servicios afines utilizados por los miembros de la comunidad científica para llevar a cabo actividades de investigación en sus campos respectivos), la ayuda pública debe limitarse a un máximo del 60 % de los costes subvencionables.