El gobierno conservador de Viktor Orban, no ha comenzado su presidencia semestral de la UE con muy buen pie. A su inexperiencia en estas cuestiones, es la primera vez que Hungría ejerce la presidencia rotatoria, hay que añadir las polémicas disposiciones que ha adoptado nada más comenzar el nuevo año.

La llamada ley mordaza , prevé multas de hasta 730.000 euros para los medios que «atenten contra el interés público, el orden público y la moral», o si dan «informaciones parciales», sin definir estos conceptos de una manera clara. También podrá obligar a los periodistas a revelar sus fuentes sobre cuestiones que afecten a la seguridad nacional. Además establece un Consejo de Prensa, formado por cinco miembros del partido en el poder, el Fidesz, que supervise los medios y con la facultad de multar si juzga que no cumplen las bases establecidas.

También centraliza los noticieros de las tres cadenas públicas, M1, M2 y Duna TV, que se redactarán en la agencia de noticias MTI.

La Comisión Europea ha pedido explicaciones a Hungría en una carta que la vicepresidenta de la Comisión y comisaria para la Agenda Digital, Neellie Kroes, le dirigió el pasado 24 de diciembre. En una primera respuesta, Budapest afirma que la ley no contradice el derecho europeo y se compromete a dar explicaciones más adelante. Al parecer ese momento ha llegado con la visita a la capital húngara de la comisaria Kroes un día antes de que el presidente del ejecutivo comunitario , José Manuel Durao Barroso y todos los comisarios acudan a Hungría como es tradicional al comienzo de las presidencias de turno.

Las preguntas concretas que hace la UE son, entre otras, si está garantizada la libertad de prensa y la buena aplicación tanto de la directiva de los servicios audiovisuales como de la Carta de los Derechos Fundamentales.

El otro punto de roce es la creación, el pasado 18 de octubre, de un impuesto excepcional de «crisis» para empresas de sectores agro-alimentarios, telecomunicaciones y gran distribución, que afecta sobre todo a filiales de empresas extranjeras. Bruselas cuestiona si esa medida infringe el principio de igualdad fiscal que impide establecer una diferencia en los impuestos a empresas del mismo sector.