La iniciativa surge a raíz de las investigaciones y denuncias que Gobiernos y Parlamentos de la UE han realizado a causa de las prácticas de ingeniería fiscal por parte de grandes multinacionales como Starbucks, Amazon, Google o Apple, que ubican su sede y declaran la casi totalidad de sus impuestos en Irlanda, un país con uno de los impuestos de Sociedades más reducidos de toda Europa. En cambio, en el resto de los países sus filiales operan como comisionistas, una estrategia por la que tributan por una parte muy pequeña de sus impuestos, en comparación con los ingresos generados en ese país.

De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, entre la evasión fiscal, que supone el incumplimiento de las obligaciones tributarias, y la elusión fiscal, que minimiza el pago de impuestos dentro de la legalidad, hay una frontera tan delgada como subjetiva, razón por la que se pone en marcha esta revisión de la medidas fiscales europeas.

Lo que la Comisión Europea está planteando es una reforma de la directiva matriz-filial, creada con el fin de evitar la doble imposición de las empresas del mismo grupo que se basasen y operasen en diferentes Estados miembros, y que -en la práctica- ha terminado derivando en que algunas compañías no paguen ningún impuesto, gracias a las lagunas legales en dicha directiva.

De corregirse estas prácticas, los ingresos fiscales extra que proporcionaría estas compañías multinacionales a los Estados miembros serían «de una magnitud de miles de millones de euros», en palabras del comisario de Fiscalidad, Algirdas Šemeta. Según los cálculos de la CE, cada año se defrauda o evade casi 1 billón de euros en la UE, unos 2.000 euros por ciudadano. No obstante, los expertos reconocen que el plan anunciado por la comisión puede resultar insuficiente, por lo que prevén que será necesario adoptar nuevas medidas legislativas.

La nueva propuesta comunitaria se centra principalmente en dos puntos: la planificación fiscal agresiva y los préstamos híbridos. Se concretarán en acciones como una regla común anti-abuso que obligue a los Estados a adoptar una normativa que les permita ignorar acuerdos artificiales entre matrices y subsidiarias, creados específicamente con el fin de eludir impuestos, para que los gobiernos tengan más capacidad de gravar ingresos derivados de lo que consideren una actividad económica sustancial. También se buscará promover que si un préstamo híbrido es fiscalmente deducible en un Estado miembro donde se ubique la filial, éste tendrá que ser gravado obligatoriamente en el Estado miembro donde se ubique la matriz.

La propuesta de la Comisión debe ser ahora ratificada por unanimidad por los 28 Estados miembro, por lo que Semeta ha pedido a los Gobiernos que demuestren su compromiso en la lucha contra el fraude fiscal apoyando esta medida. Bruselas espera que la nueva ley entren en vigor el 31 de diciembre de 2014.