El mercado hipotecario europeo equivale al 50% del PIB de la UE, a pesar de este ingente movimiento de dinero no existe una legislación que lo regule y el mercado está muy fragmentado.

En 2008, el 16% de los europeos tenía dificultades para pagar sus facturas, y el 10% ya hacía tiempo que venía sufriendo ese problema. Desde entonces el endeudamiento no ha hecho más que multiplicarse.

Bruselas ha hecho este jueves una propuesta para armonizar la normativa hipotecaria en la UE e introducir unos cambios que eviten que el sector se recaliente.

Se trata de regular la publicidad «poco clara» que unida a consejos profesionales «inapropiados» e interesados lleven a los consumidores «de bajo nivel de cultura económica o bajos ingresos» a caer en hipotecas o préstamos hipotecarios que les lleven a perder su hogar.

De esta forma se podrán evitar casos como los del mercado británico, donde el 45% de las hipotecas en 2006 y 2007 se concedieron sin verificar siquiera los ingresos del solicitante. Los bancos deberán avisar al cliente del peligro de contratar una hipoteca en una divisa extranjera, cuya moneda puede caer. En estos momentos más del 90% de las hipotecas en Letonia, Rumania y Estonia se conceden en divisas extranjeras. En Austria un 38% de los créditos pendientes son en moneda distinta del euro.

Se reconoce también el derecho de los usuarios a zanjar la hipoteca antes de la fecha de vencimiento del contrato con unas condiciones «no excesivamente onerosa» que fijarán los Estados miembros. Los bancos deberán utilizar la definición de la UE para la tasa anual equivalente (TAE), para que los ciudadanos puedan comparar las hipotecas de los diferentes establecimientos bancarios europeos.

La nueva norma pretende también crear un mercado único hipotecario con un pasaporte europeo que permita a las entidades autorizadas en cada Estado para negociar los créditos y ofrecer sus servicios en toda la UE, como ocurre con los fondos de inversión. Estos intermediarios tendrán acceso a los historiales de crédito de sus clientes.

El paquete de medidas deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo.

La situación creada en España por el boom inmobiliario ha hecho tambalearse la economía. La Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes) calcula que más de 350.000 familias perderán su vivienda en los próximos cinco años por problemas de pago.

Por su parte las centrales sindicales UGT y CC OO en Cataluña y la asociación de consumidores (Adicae) registraron este miércoles una iniciativa popular en el Congreso de los Diputados para que sea posible cancelar una deuda hipotecaria con la entrega de la casa sin seguir debiendo, como ocurre en algunos casos, hasta el 50% de su valor a la entidad financiera.