Una directiva europea de 1991 obliga a las ciudades europeas de más de 15.000 habitantes a disponer de mecanismos adecuados de depuración de aguas residuales en zonas urbanas. Los Estados miembros de la UE tuvieron un plazo para cumplir la normativa hasta diciembre de 2000. En 2004 la Comisión europea envió una carta de apercibimiento a los países que aún no se habían adecuado al nuevo sistema obligatorio y en 2008, una segunda carta, sin que se adoptaran las medidas exigidas.

Después de todo este proceso, 38 ciudades españolas siguen sin mecanismos adecuados de recogida y depuración de aguas residuales, entre ellas, A Coruña, Santiago o Gijón. En consecuencia, la Comisión ha decidido este miércoles denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. La denuncia es conjunta para España e Italia, porque allí son 178 las ciudades que incumplen la normativa.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, considera «inadmisible»que haya pasado tanto tiempo sin hacer caso a una directiva europea tan importante. «Las aguas residuales urbanas no depuradas constituyen un peligro para la salud pública y la fuente más significativa de contaminación en aguas costeras e interiores»

El Ministerio español de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino asegura que el año pasado informó a la Comisión sobre varios puntos: que entre los municipios citados algunos ya cumplen con la directiva, en otros las obras están en ejecución y otros más no tienen los habitantes suficientes para cumplirla. En último extremo, dicen, se trata de una competencia municipal y autonómica.

Según la Comisión, las aguas residuales urbanas no depuradas pueden estar contaminadas por virus y bacterias, que pueden suponer un riesgo para la salud pública. Además, estas aguas contienen nutrientes, como nitrógeno y fósforo, que pueden dañar las aguas dulces y el medio marino al favorecer la proliferación excesiva de algas. euroXpress