«Refuerza el compromiso de las autoridades españolas para garantizar la estabilidad financiara y su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas», ha afirmado el portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión, Amadeu Altafaj.

El ejecutivo comunitario no entra en la soberanía de los parlamentos nacionales para decidir sobre sus presupuestos, pero el portavoz ha sido claro al señalar que «los principios que están en la base de compromisos europeos suscritos por los Estados deberían elevarse a otra categoría», como proponen ahora en España gobierno y Partido Popular.

Altafaj ha recordado que los límites del 3% de déficit y del 60% de deuda ya comprometen a los socios europeos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en la propuesta de reforma de la gobernanza económica de la UE.

Bruselas asume una propuesta de Alemania, que hasta ahora solo España ha puesto en marcha, entre los estados miembros. La iniciativa española ha recibido, como no podía ser de otra forma, los parabienes de la canciller Merkel, quien hoy desde Eslovenia repetía que «necesitamos una Europa en la que se pueda confiar».

Merkel y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, han enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, a quien piden que los miembros de la zona euro incluyan «de aquí al verano de 2012 una regla de equilibrio presupuestario en su legislación nacional», de nivel equivalente a la norma constitucional.

Para dar más o menos argumentos, según se mire, al gobierno de Zapatero, la agencia de calificación Moody's ya ha aplaudido la medida y asegura que tendrá en cuenta este compromiso constitucional del control del déficit en la próxima revisión que haga de la solvencia de España.

En el Congreso de los Diputados, PSOE y PP tienen asegurada la mayoría para sacar adelante el proyecto pero en su primera discusión han encontrado el rechazo de los nacionalistas y los grupos minoritarios. Unos rechazan el fondo de la cuestión; otros, la forma en que se ha impulsado la tramitación; y la mayoría, que no se cuente con los ciudadanos para una reforma de la Carta Magna.